Los jueces piden a rajoy reformas para agilizar los procesos judiciales

Los portavoces de las tres grandes asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia (JpD) coincidieron hoy en reclamar al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reformas para agilizar los procesos judiciales.
En declaraciones a Servimedia, tanto Pablo Llarena, desde la APM, como José Luis Ramírez en nombre de JpD, como el nuevo portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, mencionaron esta necesidad como una de las más perentorias de la justicia española que deberá afrontar el eventual nuevo Gobierno del PP.
Llarena, para quien la justicia lleva "desatendida" desde el comienzo de la democracia, considera imprescindible emprender "un proyecto de modernización y actualización" de la misma, en cuanto a sus medios pero también con "reformas procesales y de organización del trabajo".
Así, aconsejó una revisión de la Oficina Judicial para que forme parte de las decisiones jurisdiccionales, concentrar éstas para que un juez no tenga que dictar muchas sucesivas que son siempre susceptibles de recurso e inteconectar los sistemas informáticos entre los diversos órganos judiciales de España y con el resto de organismos públicos (policía, administraciones, etc.) con que sea preciso.
También se mostró partidario de atribuir competencias específicas a cada funcionario de justicia para liberar de responsabilidades al juez, en el que ahora se concentra todo. En este descargo no entraría la atribución de la instrucción a los fiscales, que a su juicio supondría un "gasto inasumible" en estos tiempos de recortes y ninguna mejora real, toda vez que los fiscales siguen sometidos jerárquicamente al Gobierno a través del Fiscal General del Estado.
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
Por su parte, Ramírez remarcó la necesidad de concebir el dinero que se destina a justicia como una inversión y no como un gasto, puesto que la acumulación y retraso de litigios en una justicia saturada supone también un perjuicio para el sistema económico.
Como medidas concretas, sugirió implantar la Oficina Judicial, que de momento sólo está en tres ciudades; introducir las nuevas tecnologías y acabar con los expedientes de papel. Además defendió una reforma de planta y demarcación jurídicas, recuperando el tribunal de instancia que no llegó a a aprobar el Gobierno socialista y estudiando en qué partidos judiciales no sería necesario que hubiera juzgados sino sólo jueces.
Además, el portavoz de JpD apostó por reformar el acceso a la carrera judicial, porque desde su punto de vista ahora salen personas sólo preparadas para aprenderse el temario de memoria, que no conocen la realidad de los problemas cotidianos.
Por último, reclamó una reforma integral de la ley de enjuiciamiento criminal, porque la instrucción tarda mucho y su ineficacia queda demostrada en el alto número de absoluciones. Con todas estas medidas, piensa, se agilizarían los procedimientos sin recurrir a impedir que una serie de asuntos lleguen a los tribunales.
Finalmente, el portavoz de la Francisco de Vitoria señaló como inaplazables esa misma agilización de procedimientos para remediar la sobrecarga, el incremento del número de jueces más que de juzgados y la despolitización de la justicia, pasando el nombramiento de los 12 vocales judiciales del CGPJ a los jueces y magistrados, en lugar de seguir en manos de los partidos políticos.