Faltan los medios, pero no disposición. Es lo que dio a entender ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, en relación a los casos de corrupción política. En la presentación de la Memoria anual del TSJM, Vieira propuso que haya un control sobre estos juicios para que no se demoren y que "la acción judicial sea lo más rápida posible", incluso con "condenas ejemplares" en aquellas causas que sea necesario.
Según el presidente del TSJM, la opinión pública "reclama un enjuiciamiento rápido en los casos de corrupción que han aflorado". Sin embargo, este tipo de procesos se prolongan "de manera excesiva", añadió Vieira, quien recalcó que los propios jueces se sienten "impotentes" ante la dificultad de condenar rápidamente a los culpables de delitos de corrupción. Para el magistrado, el motivo estriba en "los limitados medios" con los que cuentan.
Vieira constató que hay una creciente "frustración sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia" en la sociedad y subrayó que ese es un sentimiento compartido por sus compañeros de profesión. También admitió que, con la lentitud y el retraso, las sanciones de conductas delictivas dejan de ser efectivas. A menudo, los casos de corrupción se terminan de juzgar cuando sus responsables ya han abandonado la vida pública. Por si fuera poco, añadió, "los perjuicios se incrementan por el mantenimiento de causas penales abiertas" durante años.
Asimismo, el presidente del alto tribunal madrileño aludió al desafió de igual intensidad que suponen "causas complejas como el caso Guateque, el de Spanair, el de los controladores o el del Madrid Arena", que en su opinión se están alargando demasiado. Afirmó que es necesario "hacer una reflexión profunda sobre la eficacia de las medidas de refuerzo", como los juzgados bises, que no ha dado resultados satisfactorios, según dijo.El triple de la carga recomendada
Aun así, donde más quebraderos de cabeza presenta la Memoria no es en el ámbito Penal (el de, entre otros, los casos de corrupción), sino en lo Social. El volumen de carga en estos últimos juzgados llega a triplicar los máximos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según los datos ofrecidos en la citada Memoria. En el de Móstoles, por ejemplo, se tramitaron este año 1.908 asuntos, frente a los 670 que recomienda como tope el CGPJ.
Ante esta situación, el presidente del TSJM propuso dos soluciones, una pasa por la especialización y la otra por la centralización. Dio cuenta de los buenos datos que han presentado los Juzgados de Violencia contra la Mujer y los utilizó como argumento para señalar uno de los caminos a seguir con el fin de paliar el colapso de otros tribunales, la especialización.
La otra propuesta que Vieira puso sobre la mesa fue la centralización o provincialización de los procesos judiciales, un concepto que a juicio del presidente del alto tribunal madrileño haría frente al problema de la dispersión y a la actual mala gestión del personal, que se repartiría de forma más adecuada. En última instancia, el presidente del TSJM sugirió la creación de un Campus de la Justicia como medida centralizadora.
La mayoría de los asuntos que saturan los juzgados de lo Social son demandas por despido. Un año más, la crisis se ha dejado notar especialmente en la actividad de los órganos judiciales de la capital de España y de su región. En la Comunidad de Madrid ha habido este año 12.234 concursos de acreedores, una cifra elevada en comparación con la del 2008, primer año de la crisis, donde hubo apenas 596. Como dato esperanzador, Vieira señaló que la Memoria refleja que hay un descenso del 8,1% en el número de desahucios por ejecución hipotecaria.
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