Los organismos autónomos reducen un 8,2 % su presupuesto para 2012

  • Los organismos autónomos tendrán en 2012 un presupuesto el 8,2 % menor hasta un total de 51.206,7 millones de euros, de los que el 67,8 % se dedicarán al Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE).

Madrid, 3 abr.- Los organismos autónomos tendrán en 2012 un presupuesto el 8,2 % menor hasta un total de 51.206,7 millones de euros, de los que el 67,8 % se dedicarán al Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE).

Este ente, uno de los 64 incluidos en el capítulo de organismos autónomos del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, recibirá una dotación de 34.718,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 8,5 % con respecto al año anterior.

Dentro del presupuesto del SPEE, el 83 % se destina al pago de las prestaciones por desempleo, concepto que disminuye el 5,5 % con respecto al año pasado, hasta 28.805 millones.

También se recortará el presupuesto para las agencias estatales, a las que se aportará un total de 1.306,4 millones de euros, lo que supone una bajada del 28,1 %.

Las que mayores descensos tendrán serán la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (56,9 %) y la Agencia Estatal de Meteorología (28,9 %), mientras que la única que subirá será la Agencia Estatal Antidopaje (6,3 %).

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras tendrá un presupuesto de 656,4 millones de euros, el 39,1 % menos.

El Fondo Español de Garantía Agraria mantendrá su dotación en 7.564 millones de euros, mientras que el presupuesto para el mutualismo administrativo se recortará hasta los 1.664,6 millones (el 5,8 % menos) y el del Fondo de Garantía Salarial, hasta los 1.275,1 millones de euros (el 10,7 % menos).

Asimismo, las confederaciones hidrográficas, la Jefatura de Tráfico y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas verán reducidos sus presupuestos el 8,8 %, el 2,7 % y el 1,8 %, respectivamente.

En conjunto, el presupuesto de los organismos autónomos procede en un 49,2 % de las cotizaciones sociales, en un 47,5 % de las trasferencias del Estado y la UE, y en un 3,3 % de operaciones financieras.

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