La presión ha surtido efecto. Los tres magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el puesto 'caducado' desde el pasado mes de noviembre renunciaron este lunes a su cargo ante las discrepancias entre el PP y el PSOE para proponer sustitutos. Lo que no han podido hacer en seis meses lo van a tener que hacer en poco más de dos semanas.
El presidente del Congreso, José Bono, ha puesto una fecha límite encima de la mesa: el 30 de junio. La Mesa del Congreso va a abrir el plazo para presentar candidaturas, dos por parte del PSOE y dos por parte del PP, que sí que acordaron repartirse estos cuatro puestos.
"Es la séptima vez que en la Junta de Portavoces les hago ver que en nuestro sueldo está cumplir con nuestra obligación de designar a los magistrados del TC que nos corresponde por mandato", ha subrayado Bono.
Para nombrar a los sustitutos de los tres magistrados "en funciones" y de la vacante dejada hace tres años por el fallecido Roberto García-Calvo, socialistas y populares tienen que ponerse de acuerdo porque se necesitan todos sus votos: 210 diputados (tres quintas partes de la Cámara).
Ante este ultimátum de Bono el PP reanudará las negociaciones "con voluntad sincera de diálogo" pero "sin vetos ni bloqueos". Al menos, así lo ha asegurado la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.
La dirigente popular ha afirmado que el PP considera "imprescindible" la renovación de estos cargos del Constitucional y aunque ha insistido en más de una ocasión en que no quiere "añadir más leña al fuego", ha reiterado la critica de los populares del "deterioro institucional" que se está produciendo.
Pero el cruce de acusaciones permanece en el Congreso. El secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, ha asegurado que todo "está en manos del PP" porque son ellos los que ejercen el "veto" de la renovación del Constitucional.
"Una llamada de atención"
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha advertido sobre la "gravísima anomalía" producida en esta institución judicial, ya que conlleva una "llamada de atención" a los principales grupos parlamentarios en aras de que alcancen un acuerdo para su renovación.
En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, que ha instado a los dos partidos mayoritarios a escuchar "la voz de la calle" y "superar sus diferencias insalvables" para "proteger y salvaguardar" instituciones como el Tribunal Constitucional.
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