Los sindicatos lanzan una campaña contra la privatización de la Justicia

Madrid, 4 dic.- Los sindicatos más representativos de la administración de Justicia -CSIF, CCOO, STAJ y UGT- han comenzado hoy una campaña de movilizaciones en defensa del servicio público de la Justicia y contra su privatización a través de medidas como la nueva Ley del Registro Civil o las nuevas tasas judiciales.

"Es alucinante que los ciudadanos vayan a tener que pagar por un certificado de nacimiento" a los registradores, señalaba en declaraciones a Efe, como ejemplo contra esta "privatización de la Justicia", el portavoz de UGT en materia de Justicia, Carlos Paniagua.

El sindicalista se refería así a la reforma de la ley de los registros puesta en marcha por el ejecutivo y que prevé, según ha explicado él a Efe, que los ciudadanos paguen a los registradores por obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil.

Medidas como ésta o el cobro de tasas judiciales cierran el acceso a la Justicia para los ciudadanos que no tienen dinero y son un ejemplo, continuaba Paniagua, de por qué las citadas organizaciones sindicales han anunciado hoy, a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, una campaña de recogida de firmas.

Las firmas, cuya recogida será entre los ciudadanos, profesionales y empleados públicos "en defensa del servicio público de la justicia para todos los ciudadanos, sin exclusiones" se entregarán el próximo mes de enero en el Ministerio de Justicia.

Los sindicatos han anunciado así el arranque de una campaña de movilizaciones que incluirá también paros de caídas de ordenadores de una hora y concentraciones en todas las capitales de provincia ante las puertas de los centros de trabajo.

El portavoz de STAJ, Alberto García, ha explicado a Efe que "nos enfrentamos a un cambio de modelo de Justicia profundo" operado a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un cambio que incluirá privatización del servicio público y despidos, pero que también cuestionará la independencia de los jueces.

"La reforma de la LOPJ traerá privatizaciones como la que ya hemos visto en el registro civil y que los ciudadanos paguen por el servicio público, como hemos visto con las tasas", ha denunciado García, para quien estas medidas pretenden cerrar el acceso a la Justicia a los ciudadanos.

Al reducir el número de ciudadanos con acceso al servicio público "podrán decir que es más eficaz y reducir el personal", ha denunciado también, antes de referirse a que se dañará la independencia judicial, porque los jueces en España "no disponen de muchos medios materiales, sino solamente humanos".

En un comunicado, CSIF, CCOO, STAJ y UGT defienden que la justicia siga siendo un servicio público que garantice el acceso a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, como proclama la Constitución, se posicionan contra las tasas judiciales y otras medidas previstas en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial anunciada por el ejecutivo.