Lisboa, 4 ene.- El Partido Socialista (PS) portugués, el principal de la oposición, pidió hoy al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la legalidad de los recortes a funcionarios y pensionistas en los presupuestos estatales del 2013, considerados los más duros de las últimas décadas.
Los socialistas entregaron el pedido por considerar "discriminatorias e injustificadas" las medidas sobre la suspensión de las pagas extra de funcionarios y pensionistas, así como un impuesto extraordinario sobre las pensiones de más de 1.350 euros, según dijo el diputado Alberto Costa a las puertas del tribunal.
El secretario general del PS, António José Seguro, junto a 49 diputados del mismo partido, firmaron la petición sin contar con los otros partidos más a la izquierda del Parlamento luso, los minoritarios Bloque de Izquierda (BE) y Partido Comunista de Portugal (PCP).
Estos partidos preparan otra petición conjunta que presentarán en los próximos días y que incluirá dudas sobre artículos referentes a los impuestos sobre los rendimientos de los trabajadores, según declaraciones de sus portavoces políticos.
La petición socialista cuestiona los artículos 29, 77 y 78, los mismos que el presidente luso, Aníbal Cavaco Silva, solicitó recientemente fiscalizar ante el mismo tribunal.
El jefe del Estado portugués, que tiene como uno de sus principales cometidos promulgar o rechazar les leyes que aprueba el Parlamento, envió al tribunal los presupuestos para su revisión por tener "dudas fundadas sobre la justicia en el reparto de los sacrificios".
La iniciativa del presidente se formalizó después de haber promulgado los presupuestos para evitar "consecuencias extremadamente negativas" para la economía del país.
Aun así, el gesto causó de inmediato un gran revuelo político en Portugal, ya que Cavaco Silva, que cumple su segundo mandato en la presidencia, es histórico dirigente del mismo partido que el del primer ministro, Pedro Passos Coelho, el conservador Partido Social Demócrata (PSD).
El presupuesto portugués para 2013 fue aprobado en noviembre solo con los votos del PSD y sus aliados en el Gobierno, los democristianos CDS-PP, y entre fuertes críticas de la oposición por la dureza de los ajustes.
El texto incluye una significativa subida de la carga fiscal, los citados recortes en las pagas extra de funcionarios y pensionistas e importantes recortes en algunos servicios sociales.
El Constitucional luso ya se pronunció el año pasado sobre los recortes de las pagas extra a funcionarios y pensionistas, que consideró discriminatorios por no ser aplicados al sector privado.
El dictamen obligó al Gobierno de Passos Coelho a adoptar nuevas medidas de austeridad para cumplir con la reducción del déficit fiscal que se exige a Portugal a cambio del rescate financiero concedido al país en mayo del 2011 por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
Gran parte las condiciones de este préstamo de 78.000 millones euros, que se extenderá hasta finales de este año, ya se ha concertado, como las privatizaciones, la reforma laboral y la subida de impuestos.
Las previsiones en Portugal para 2013, sin embargo, estiman una recesión por encima del 1 % y que la tasa de un 16 % de desempleo siga en aumento.
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