Madrid. La mesa del agua pide por escrito al gobierno regional los informes sobre la privatización del canal

La Mesa del Agua de Madrid, integrada por los sindicatos UGT y CCOO, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), Ecologistas en Acción y la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (Cecu-Madrid), ha pedido por escrito al Gobierno regional el contenido de los informes realizados sobre la privatización del Canal de Isabel II.

La petición, dirigida concretamente al presidente del Canal de Isabel II y vicepresidente del Ejecutivo de Aguirre, Ignacio González, se refiere a los informes realizados por cuatro consultoras privadas el pasado mes de junio, cuyo objetivo último era acometer la privatización del 49% del Canal de Isabel II, según informó la Fravm.
La reclamación de forma oficial se hace ante el "silencio" que el Gobierno regional ha mantenido sobre el contenido de estos informes, que ya fueron solicitados por la Mesa del Agua a finales de diciembre en una nota de prensa pública, señala la Fravm, que explica que la finalidad es "conocer de primera mano la posible viabilidad económica, jurídica y social de la privatización del Canal de Isabel II".
Además, los integrantes de la Mesa del Agua creen que los ciudadanos madrileños "tienen derecho a conocer el contenido de unos análisis que afectan a la gestión de un servicio tan fundamental y prioritario como es la gestión del agua, y mucho más si tenemos en cuenta que los 1.114.235 euros que han costado los ya mencionados informes se han pagado con dinero público".
La Mesa del Agua se reafirma en su oposición a la privatización de la gestión del agua en Madrid, y reclama conocer cuáles son los posibles beneficios que van a obtener los ciudadanos con la privatización de esta institución, que "garantiza un suministro de agua de alta calidad, con un notable grado de eficacia, a un precio socialmente sostenible y que además obtiene beneficios (90 millones de euros en el último ejercicio)".
Además, exige al Gobierno de Aguirre que aclare "de una vez en qué términos se va a producir la privatización; en qué situación quedarán las importantes infraestructuras que posee; cuál será la relación con la Confederación Hidrográfica del Tajo; qué va a ocurrir con los convenios firmados con los ayuntamientos y, sobre todo, cuál será su influencia sobre las tarifas de un mercado cautivo de más de seis millones de ciudadanos".