Madrid. Upyd pide responsabilidades a los gestores del ayuntamiento de parla por su "grave situación económica"

UPyD del Ayuntamiento de Parla anunció hoy la presentación de una moción en la que pide que se diriman las correspondientes responsabilidades en cuanto a la mala gestión de las finanzas públicas, puesta de manifiesto por el reciente Informe de la Cámara de Cuentas.
El portavoz municipal de UPyD, Juan Carlos Machuca, señaló que “el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Parla en el ejercicio 2010 establece que el Ayuntamiento ha incumplido su obligación de rendición de las Cuentas generales de los ejercicios 2009 y 2010, que hubo un déficit en 2010 de 45,5 millones, que se desviaron fondos afectados procedentes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para otro tipo de pagos, que los gastos de personal se incrementaron un 9% en el período 2007 a 2010y que el contrato de Tranvía de Parla de 2005 (por 94 millones) se incrementó un 39% sin formalizar un nuevo contrato".
Afirmó que “son muchas las acciones que hay que llevar a cabo para sanear las cuentas del Consistorio y salvarlo de la quiebra” y dijo que “por lo primero que hay que empezar es por exigir responsabilidades a los gestores que nos han metido en este embrollo”.
El portavoz adjunto de UPyD de la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, presente en la rueda de prensa, afirmó que “si el Ayuntamiento ha sufrido perjuicio por una mala gestión con culpa grave o dolosa, tiene que exigir responsabilidades a quienes lo han causado”.
“En su caso, el alcalde debe responder con su patrimonio si ha habido perjuicio al Ayuntamiento, al igual que el resto de gestores implicados”, indicó Marcos, quien destacó que “nuestra moción muestra graves irregularidades que deberían motivar el ejercicio de acciones ante el Tribunal de Cuentas”.
UPyD de Parla pide en su moción “incoar expediente administrativo, a fin de proceder a la depuración de responsabilidades por las infracciones de la normativa presupuestaria y de contratación y la indemnización por los daños causados; iniciar las acciones correspondientes ante el Tribunal de Cuentas y poner los hechos, en su caso, en conocimiento del Ministerio Fiscal para depurar las posibles responsabilidades penales en que se haya podido incurrir”.