La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que su gabinete enviará al Gobierno de España unas "sugerencias" en materia energética que incluirán la petición de rebajar el precio de la luz e incluirán sus propuestas para disminuir el consumo y la dependencia del gas. Este plan responde a las propuestas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien, a su juicio, "no ha compartido ninguna información" ni documento con el ejecutivo autonómico.
Según la presidenta, en el gobierno madrileño "desconocen" las medidas sobre las que trabaja el Gobierno de la nación: "Solo conocemos el real decreto ley que impone a las cafeterías, bares y que son un señalamiento y una imposición para el sector privado que les responsabiliza de lo que no tienen culpa", ha lanzado. Pese a no haber "recibido ningún documento para el plan de contingencia", la Consejería de Medio Ambiente enviará hoy al Gobierno tres medidas que etiquetan como "claves".
La primera de ellas consistirá en proponer una rebaja del precio de la luz, medida que la mandataria ha catalogado como "imprescindible, porque ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno han servido para evitar que se pague muchísimo más por la luz". En su opinión, esto se tiene que hacer "a través de impuestos" para posteriormente proceder a revisar el sistema de tope de gas, que lleva vigente desde el 15 de junio. La segunda de las medidas pasa por "disminuir la dependencia del gas", algo que "se puede hacer con renovables" y prolongando la vida útil de las centrales nucleares.
Díaz Ayuso ha hecho hincapié en reducir el consumo del gas con medidas incentivadoras de ahorro, "no impuestas y que no sean dogmáticas", entre las que se encontraría la renovación de calderas. En este sentido, la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha defendido la necesidad de revisar el mecanismo del tope del gas, ya que desde su entrada en vigor ha elevado el precio de la electricidad un 41%, afectando de forma negativa tanto a empresas como a particulares. "Es una medida mal diseñada y con efectos perversos que están pagando todas las familias y las empresas en sus facturas de la luz", ha subrayado.
La consejera ha explicado que mientras que en julio el consumo en hogares y empresas ha disminuido un 23% con respecto a mayo, víspera de la entrada en vigor del tope, el uso de gas para generar electricidad se ha incrementado un 129% en ese mismo periodo. En este momento, el aumento del coste en las facturas de particulares y empresas afecta principalmente a los acogidos a la tarifa regulada por el Estado (PVPC). También, ha añadido, habría que apoyar a las empresas que hacen cogeneración usando gas para recuperar el calor de los procesos industriales.
Al hilo, ha puesto sobre la mesa medidas como un Plan Renove de calderas que podría financiarse mediante los fondos europeos Next Generation, con el objetivo de actualizar masivamente modelos antiguos de gas natural por nuevos de condensación, que ahorran entre un 15 y un 20% de consumo de gas y pueden suponer un ahorro para el consumidor de entre 80 y 100 en los meses más duros del invierno.
Entre las medidas que se trasladan al Gobierno de la nación también está la necesidad de rediseñar el mix energético para dar cabida a todas las tecnologías, a fin de contar con un mapa energético seguro, estable, económico, independiente y descarbonizado. Esta reformulación permitiría aprovechar todas las fuentes de energía de forma "racional e inteligente", como la nuclear, sobre la que se debe reabrir el debate de su vida útil, al ser más verde y menos contaminante. Sobre este punto, ha abogado por impulsar energías renovables y asegurar de forma urgente la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares.
La consejera ha remitido este mismo miércoles una carta a la titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que expone estas propuestas para la elaboración del Plan de Contingencia de Ahorro Energético que España deberá presentar ante la Unión Europea, para poder realizar sus aportaciones. Sobre este punto, la titular de Medio Ambiente madrileña ha criticado que el Gobierno de la Nación no haya enviado aún a la Comunidad de Madrid ningún documento que avance las grandes líneas de este plan, además de haber afeado a la vicepresidenta tercera no haber dado respuesta, ni siquiera acuse de recibo, a la misiva enviada el pasado 8 de julio con estas propuestas.
En cualquier caso, ha reiterado que las medidas de ahorro dirigidas al sector privado "han de ser recomendaciones, en línea con lo señalado por Bruselas, no imposiciones que lastran la economía". "Hay que adoptar sin demora medidas eficaces para proteger a nuestro tejido productivo y a los millones de ciudadanos que están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes en el pasado reciente", ha insistido. La Comunidad de Madrid demandó hace dos meses un calendario con medidas de alcance temporal a corto, medio y largo plazo que volverá a solicitar.
En la parte fiscal, Comunidad de Madrid insiste en abaratar la factura energética mediante la eliminación de impuestos, ocho de ellos estatales, que se pueden sustituir por uno único que incorpore los daños ambientales, así como otro de la Unión Europea sobre el CO2 y del de hidrocarburos, que debería ser temporalmente suprimido. También apuesta por acabar con las subvenciones que no estén vinculadas a la generación de electricidad y traspasar los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, así como el déficit de tarifa, a los Presupuestos Generales del Estado.
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