Margallo reclama no politizar el caso del activista saharaui muerto en marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, reclamó este miércoles no “hacer política” con el caso del activista saharaui que murió hace cuatro meses en Marruecos y cuya madre, Takbar Haddi, se declaró en huelga de hambre para conseguir el cadáver de su hijo.
Así se pronunció el ministro en respuesta a una pregunta del coordinador federal de IU, Cayo Lara, sobre si el Gobierno piensa amparar a Haddi en su demanda al Gobierno de Marruecos del cadáver de su hijo previa realización de una autopsia independiente.
Margallo, que expresó su pésame a la madre del fallecido, subrayó que ha trasladado a las autoridades marroquíes la relevancia que el caso ha adquirido entre la opinión pública española.
Del mismo modo, solicitó a Lara que “no debe buscarse una deriva política” ante un caso en el que hay abierto un procedimiento judicial. Esto le sirvió para anunciar que su departamento está en “contacto permanente” con Marruecos y que la Embajada de España en Rabat realiza un “seguimiento” constante del caso, al tiempo que anunció que se reunirá con el embajador español en el país africano y con la Delegación del Gobierno en Canarias para interesarse por el caso.
Por otra parte, el ministro mostró su respeto por las manifestaciones pacíficas de apoyo a la madre del fallecido y condenó el “asalto” al Consulado de Marruecos en Canarias, anunciando la “adopción de medidas para que esto no se vuelva a repetir”. Por último, Margallo defendió para el Sáhara una “solución justa, duradera, mutuamente aceptable”.
Lara exigió que el Gobierno interceda ante Marruecos para que el cuerpo sea entregado a la familia tras la realización de una autopsia, para que se ponga en marcha una investigación independiente, se practiquen las detenciones pertinentes, se depuren responsabilidades y se paguen las respectivas indemnizaciones.
Lara concluyó su intervención pidiendo que el Gobierno actúe para acabar con la situación, ya que España “sigue siendo potencia administradora de facto de la que fue la provincia española número 53”.