Más de 300 organizaciones piden a los políticos que garanticen el derecho al agua pública

La Red Agua Pública, a la que se han sumado unas 300 organizaciones, pide a los políticos que se comprometan con los retos de un Pacto Social por el Agua Pública, que pasan por “potenciar el sistema público de agua y gestión” y reconocer un “mínimo vital” de entre 60 y 80 litros por persona y día, “independientemente de la renta” y de si el ciudadano puede hacer frente al pago del suministro.
Estas fueron algunas de las reivindicaciones que se propusieron este martes en la presentación en la sede madrileña de Ecologistas en Acción de #iniciativagua2015, una propuesta que pide un pacto social por el agua pública y que en las próximas elecciones municipales los políticos se comprometan con garantizar el derecho al abastecimiento y saneamiento del agua a nivel local.
Hasta la fecha, entidades y organizaciones de una veintena de localidades de toda España, como Madrid, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Murcia, Jaén y Toledo, han impulsado medidas que siguen esos objetivos, cifra que, según los ecologistas, se quiere ampliar hasta 70 antes de las próximas elecciones municipales de mayo.
En representación de esta iniciativa, Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), confirmó que formaciones políticas como UpyD, PSOE, IU y Podemos han reconocido los retos que plantea este pacto “nacido desde la ciudadanía” para “elaborar un nuevo modelo de lo público” y asumir “un cambio de actitud” de la gestión del agua que hacen los gobernantes.
Babiano recordó, entre otros datos, que en España la privatización supone un 53%, mientras en otros países europeos se está tendiendo a la “municipalización”. De hecho, dijo que de las 1.400 ciudades importantes que hay en el mundo, sólo el 8% tienen el agua privatizada, de ahí que choque que en España, como muestran los datos de 2013, se haya alcanzado la cifra de 500.000 solicitudes de desahucios hídricos, es decir, familias que han quedado sin abastecimiento, situación agravada por la crisis.
En la presentación de #iniciativagua2015 también intervino Javier Espinosa, de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, que insistió en que “el agua es un derecho y se tiene que gestionar a partir de ese derecho”, por lo que la Administración tiene que garantizarlo. Para llevar a cabo ese seguimiento, Espinosa propuso crear un Observatorio del Agua similar al que está funcionando en París, que cuente con la participación de organizaciones sindicales y ciudadanos.
Durante su turno de palabra, Pedro Arrojo, de Red de Agua Pública de Aragón, denunció que “la privatización de lo elemental transforma a los ciudadanos en clientes” incluso cuando son “extremadamente pobres”. De ahí que reclamase como “obligación” tener acceso al agua. “No es sólo un problema de atender a los derechos básicos, sino que es un tema de democracia real”, subrayó.