Más de 350 jueces firman un manifiesto contra la reforma del cgpj

Más de 350 jueces han firmado un manifiesto contrario a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que promueve el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El texto ha sido impulsado por Jueces para la Democracia (JpD), pero está siendo firmado por magistrados de distintas asociaciones y por no asociados.
Según informó JpD, la intención de los promotores del manifiesto es implicar también en el apoyo a dicho manifiesto a otros sectores jurídicos, a personalidades académicas del mundo universitario y al conjunto de la sociedad.
El documento denuncia que la reforma del CGPJ que ha presentado el Gobierno supone “un ataque a la independencia judicial y al principio de división de poderes, lo cual resulta especialmente preocupante en un momento en el que se encuentran imputados por asuntos de corrupción centenares de cargos públicos”.
En concreto, en el manifiesto se afirma que Gallardón ha impulsado un proyecto de ley “en el que arrebata importantes competencias al órgano de gobierno del Poder Judicial”, con lo que “rompe el equilibrio propio de la división de poderes”.
CORRUPCIÓN
Para los promotores de este texto, lo que plantea el ministro “supone una subordinación del poder judicial al poder político” y se sustraen al CGPJ “funciones sobre medios materiales y personales que son fundamentales para la independencia judicial”.
En manifiesto que esto se hace “en un contexto en el que se están investigando numerosos casos de corrupción”, en los que “todavía resulta más necesario que se respete la actuación de una judicatura independiente, sin que desde cualquier Gobierno se disponga de instrumentos que puedan perturbar las atribuciones constitucionales de nuestros juzgados y tribunales”.
Además, se denuncia que “las tasas judiciales, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de convocatoria de oposiciones en los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia han debilitado la ya delicada estructura judicial”.
A juicio de los impulsores de esta iniciativa, estas medidas tomadas por el Ejecutivo “han condenado a cientos de miles de personas a litigios que duran más allá de lo razonable” y “se han debilitado los medios de tutela de los grupos de personas más sensibles a los efectos de la crisis”, como trabajadores sin medios económicos y afectados por las hipotecas.