Oscar René Oliva
Guatemala, 1 oct.- La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigobert Menchú, relató hoy en el comienzo del juicio contra un exjefe policial por la matanza de 37 personas en la embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, los horrores de la guerra que sufrió su familia.
Originaria de la aldea Chimel del municipio de Uspantán, del departamento noroccidental de Quiché, el más golpeado por el conflicto armado interno (1960-1996), Menchú fue la primera testigo del debate oral y público en contra del exjefe policial Pedro García Arredondo.
"Hubo una política de represión, de terrorismo de Estado, de torturas y tengo muchas pruebas", aseguró la activista en su testimonio ante el Tribunal B de Mayor Riesgo, que preside la jueza Irma Janeth Valdéz.
Relató que durante la guerra fueron asesinados 20 integrantes de su familia, entre ellos sus hermanos Patrocinio y Víctor, su madre Juana, cuyos restos aún no se han encontrado, mientras que su padre, Vicente Menchú, murió quemado junto a las otras 36 personas en la embajada española.
"Estoy aquí porque tengo una esperanza en la justicia penal, yo solo quiero una justicia justa y la verdad", manifestó con lágrimas en los ojos.
García Arredondo, de 69 años de edad, un exjefe de un comando de la extinta Policía Nacional guatemalteca (PN) y único detenido por la matanza, comparece por los delitos de asesinato y lesa humanidad.
El acusado no quiso declarar ante el tribunal y se limitó a decir: "Ante Dios y la tierra, soy inocente, soy inocente y soy inocente".
La masacre tuvo lugar cuando las fuerzas de seguridad del régimen militar del general Fernando Romeo Lucas García (1924-2006) asaltaron la embajada española después de que fuera ocupada por campesinos guatemaltecos.
En el asalto murieron quemadas 37 personas, entre ellas el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, y sus compatriotas y empleados de la legación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez.
También fallecieron Vicente Menchú, Francisco Tum, primo de Rigoberta, el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres Lehnhoff y el excanciller del país Adolfo Molina Orantes.
Menchú, de 55 años de edad, recordó que su padre, un agricultor, catequista y líder campesino analfabeto, le comentó que desde Uspantán un grupo de campesinos iba a la capital para denunciar la represión militar en su comunidad.
La líder indígena, que actúa como querellante adherida en el juicio, dijo que intentó acompañar a su padre pero él se negó.
"Cuando fue la matanza sentí impotencia y frustración", sostuvo Menchú, quien agregó que poco tiempo después tuvo que salir al exilio a México, de donde retornó a Guatemala en 1988 y luego de ser detenida por "guerrillera" fue dejada en libertad.
Añadió que 34 años después de la matanza sigue recibiendo insultos pero "hoy quiero que las 37 víctimas descansen en paz y nosotros sus familiares que tengamos paz", enfatizó Menchú, quien a cada momento se limpiaba las lágrimas de los ojos.
Antes, la fiscal Hilda Pineda, dijo al Tribunal que durante el juicio, que llevará varias semanas, el Ministerio Público (MP) probará que García Arredondo recibió órdenes superiores para que ninguno de los que habían ocupado la embajada española saliera con vida.
Pineda indicó que el exjefe policial hizo caso omiso de las peticiones del entonces embajador de España, Máximo Cajal y Pérez, quien fue el único superviviente, de que dejaran salir a los campesinos y universitarios.
Las fuerzas de seguridad bajo el mando de García Arredondo "violaron la inmunidad diplomática al asaltar la embajada", afirmó.
El abogado Moisés Galindo, defensor del exjefe policial, explicó que su cliente está en el banquillo porque los demás jefes de entonces ya están muertos.
"Pedro García está aquí porque Fernando Romeo Lucas (quien era el presidente de Guatemala) ya está muerto; el exministro de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz está desaparecido; el director de la Policía Nacional, German Chupina, ya murió y también Valiente Tellez (Manuel de Jesús, exjefe de la Judicial)", apuntó.
El actual embajador de España en Guatemala, Manuel María Lejarreta, asistió al inicio del juicio como observador y en declaraciones a Efe dijo que su Gobierno "está satisfecho de que se juzguen los hechos ocurridos el fatídico 31 de enero de 1980".
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