Miles de millones de euros en recortes sociales,pendientes del Constitucional

Madrid, 8 abr.- El Tribunal Constitucional tiene en sus manos validar o rechazar el grueso de las medidas aplicadas por el Gobierno central o los autonómicos para reducir el déficit del gasto público en relación con la crisis económica, y de su decisión dependerán miles de millones de euros.

Los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado desde 2012 en sanidad, educación o pensiones han sido recurridos ante el Constitucional por la oposición o los gobiernos de Andalucía, Asturias, Navarra (en este caso fue el Parlamento quien recurrió), Cataluña, País Vasco y Canarias. La resolución de estos recursos no ha sido adoptada todavía.

En 2012 el Gobierno cifraba en 10.000 millones de euros, 7.000 para sanidad y 3.000 para educación, el ahorro que podrían conseguir con los recortes en ambos pilares del Estado del bienestar que aprobó entonces.

A ese dinero hay que sumar otras cantidades que el ejecutivo pretende recortar con otras medidas puestas en marcha este año, como las nuevas tasas judiciales o la no actualización de las pensiones, que también han sido recurridas ante el TC.

Otros ajustes, aprobados por los gobiernos autonómicos en aplicación de los recortes a los que se ven obligados por el Gobierno central para controlar su déficit fiscal, como el euro por receta aplicado por Cataluña y Madrid, también están pendientes de resolución del TC, en este caso porque han sido recurridos por el propio ejecutivo central.

A estos recursos hay que sumar otros planteados como conflictos de competencia entre diversos gobiernos autonómicos y el central.

En concreto, entre las cuestiones pendientes de resolución por el TC figuran los recursos presentados por los citados gobiernos autonómicos contra los decretos leyes para la racionalización del gasto educativo público y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que el pleno del TC admitió a trámite en febrero de 2013.

En general, los recursos aducían la inconstitucionalidad de algunos preceptos y la invasión de competencias autonómicas.

La norma sobre educación, aprobada en abril de 2012, prevé medidas como el aumento en un 20 % de los máximos de alumnos por aula, una jornada lectiva mínima del profesorado de entre 20 y 25 horas en la educación obligatoria y una subida de tasas universitarias, a elección de las comunidades, para que los alumnos sufraguen entre el 15 y el 25 % del coste de los estudios.

El decreto ley de medidas sanitarias, también del mismo mes, reformaba las condiciones del copago farmacéutico, que se extendía a los pensionistas y retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

También están pendientes otros recursos de ámbito autonómico, como el planteado por el País Vasco por la prohibición temporal para determinadas aportaciones a los fondos de pensiones; el planteado por el PSOE en Madrid contra la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, y el del ejecutivo canario contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

También hay que tener en cuenta en este contexto que los desacuerdos sobre estas medidas han dado lugar a conflictos de competencia entre ejecutivos central y autonómicos.

Así, el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2012 recurrir ante el Tribunal Constitucional dos acuerdos de Andalucía y el País Vasco.

Resultan importantes los recursos del Gobierno central contra el cobro de un euro por receta en las farmacias catalanas y madrileñas (el PSOE en Madrid también recurrió) y que han supuesto, al ser admitidos a trámite por el TC, la paralización provisional de la medida en ambas comunidades.

Por otro lado, en marzo de 2013 el TC admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía contra la ley de tasas judiciales impulsada por el Gobierno central.

La oposición política también ha acudido ante el Constitucional por la no actualización de las pensiones. En este caso, además del PSOE, han suscrito el recurso todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el mixto: CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y UPyD.