Una acampada frente al Congreso para que le reconozcan un grado de discapacidad de más del 50% y le concedan una pensión que, asegura, le corresponde según la ley. Si no lo logra, se quedará sin un techo y en plena pobreza. Esa es la medida que ha tomado el exmilitar Agustín Fariña, que desde el lunes 3 de febrero se encuentra frente a la Cámara Baja para reivindicar que se asuman sus peticiones. Lo hace porque se considera injustamente tratado por la Administración militar, que le reconoce un grado mucho menor de discapacidad del que contempla la vía civil. También porque está en una situación límite, sin apenas ingresos ni ayuda de otro tipo. Hasta el punto de que se ha intentado suicidar varias veces. También porque cree que el mundo de la política le ha utilizado.
Las quejas de Fariña son numerosas y todas tienen que ver con su situación en el Ejército cuando vivía en Santa Cruz de Tenerife. Durante los últimos años, ha estado reclamando que se le equipare el nivel de discapacidad que le concedió la Generalitat de Cataluña, del 53%, con el que le costó la expulsión del Ejército, que se quedó en un 25%. Una graduación con la que, según la ley que regula las prestaciones militares, deberían haberle concedido una pensión de incapacidad de al menos el 50% del total que percibe alguien con una situación más difícil. Este grado de incapacitación responde a la "pérdida de actitud psicofísica y al estrés postraumático", señala el propio Fariña. Lo que derivó en que incluso llegara a intentar quitarse la vida en seis ocasiones. Por el momento, no hay sentencias judiciales que le den la razón.
Esto supone que en la actualidad cobra únicamente la prestación por desempleo, que le reporta 600 euros al menos. El problema es que ésta se le agota en nueve meses, lo que puede suponer "que me quede en la calle, ya que no me quedan más recursos de los que tirar", asegura a La Información. Por eso ahora ha dado el paso de instalarse ante el Congreso, desde donde pide que se le tenga en cuenta. Él mismo confirma que algunos diputados, sobre todo de Unidas Podemos, ya se han puesto en contacto con él para recibirle. También se han comprometido a intentar tratar su caso en sede parlamentaria.
Cinco años de protesta
Según su relato, todo empezó en 2014, cuando comenzó una baja que duró hasta su expulsión a finales de 2018. En ese proceso, se mudó a Barcelona para "escapar de los problemas que tenía" y el "acoso que sufrí por parte de mis maltratadores en el Ejército". Según cuenta, un informe psiquiátrico acredita que las situaciones que vivió le provocaron las dolencias anteriores y otras relacionadas, como "depresión mayor", "crisis de ansiedad aguda", "fobia" o "insomnio". Su vida en la Ciudad Condal tampoco fue fácil, ya que apenas tenía ingresos y tuvo que "comer de lo que había en la basura". Lo que se tradujo en "problemas en el colon y los intestinos por ingerir cosas en mal estado".
Todo el proceso viene de lo que califica como el "acoso de sus maltratadores", en referencia a los altos mandos que iniciaron procesos contra él a través de la justicia militar. Fueron estos los que, según su versión, le acusaron de robar, de tomar drogas sintéticas o de difundir informes sobre su vida personal, en concreto sobre su matrimonio. "Exijo que se reabran las causas por las denuncias que presenté contra ellos", señala Fariña, que se queja del poco eco que han tenido sus reivindicaciones hasta el momento. "Esos mandos ahí siguen, a pesar de todo lo que hicieron contra mí", explica. Fuentes consultadas por este diario señalan que otro de los "acosos" que sufrió fue el envío de un burofax contra él por sus declaraciones cuando estaba de baja.
El exmilitar canario asegura que el Ministerio de Defensa le negó que disfrutase de esa pensión sin alegar más que un informe. Algo que le comunicaron en septiembre de 2018, cuando le expulsaron por no poder desempeñar las funciones que tenía en las Fuerzas Armadas por sus problemas de salud. La decisión llegó, además, después de que hubiera pasado cerca de cuatro años de baja, ya que desde finales de 2014 dejó de prestar servicio y se mudó a Barcelona para escapar de la situación. Desde entonces, se ha movilizado por todos los ámbitos que ha podido para reclamar "que se haga justicia".
Aunque, según su versión, también se ha llevado grandes decepciones en la política. Algo que personaliza en diputadas como Zaida Cantera, a la que reprocha que "no haya tratado su caso en el Congreso". "Ella se volcó conmigo, pero creo que no se ha portado bien. Por eso pido su dimisión", relata Fariña, que durante su protesta porta una pancarta en la que pide expresamente la renuncia de la miembro del Grupo Socialista. El problema en el caso de este exmilitar, según fuentes parlamentarias consultadas por este medio, es que los casos particulares no pueden tratarse en las comisiones o el Pleno. Lo que podría explicar que su situación no haya llegado a ser objeto de debate en sede parlamentaria.
Su idea es mantener esta protesta de manera indefinida. Asegura que no tiene intención de moverse de las inmediaciones del Congreso hasta conseguir las respuestas que reclama. Aunque haya tenido que renunciar a dormir a las puertas de la Cámara, ya que la Policía se lo impide por ser una zona de máxima seguridad. Para solucionar este problema, la asociación militar Justicia y Honor le costea una pensión. "Duermo allí, pero de 9 de la mañana a 9 de la noche no me voy a mover de la puerta del edificio", señala con rotundidad.
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