Montoro vincula la reforma local con las instituciones europeas

Madrid, 19 feb.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se ha mostrado hoy dispuesto a dialogar con el resto de grupos políticos la reforma local y la modernización de la administración local, algo que piden "las organizaciones europeas e internacionales".

Respondía así en el Pleno a una pregunta de la senadora de CiU María Teresa Rivero sobre si el Gobierno considera oportuno que uno de los ejes de la reforma de la administración local sea "alejar la gestión municipal de los ciudadanos", según el informe sobre el anteproyecto de ley presentado en el último Consejo de Ministros.

Montoro ha considerado que la pregunta es "muy adelantada", ya que al texto le queda mucho recorrido, pues ha sido remitido al Consejo de Estado, por lo que aún falta su aprobación como anteproyecto de ley por el Gobierno y remitirlo a las cámaras para su tramitación parlamentaria.

En opinión de la senadora la reforma puede ocasionar un abandono de los municipios pequeños por parte de sus habitantes, lo que pondrá en peligro la sostenibilidad territorial.

Ha añadido que la proximidad en la detección de problemas, su resolución y la prestación de los servicios redunda en una mejor calidad de vida para el ciudadano, que tiene en sus concejales "los referentes más cercanos".

Rivero ha pedido al ministro que reconsidere la reforma local, que ésta "no se centre en reducir la deuda y el déficit" y que la norma final respete las competencias exclusivas de Cataluña en materia municipal.

El ministro se ha mostrado convencido de que al final habrá coincidencia con el texto final con los diferentes grupos parlamentarios a través del diálogo a su paso por las Cortes Generales.

"La postura del Gobierno no puede estar más abierta", ha precisado Montoro, quien ha insistido en que la intención para hacer esta reforma es mejorar la calidad de los servicios que perciben los ciudadanos.

Ha indicado que no se van a cerrar ayuntamientos y sí someterles a un test de credibilidad de los servicios públicos que prestan, "que es lo que nos pide el siglo XXI desde las organizaciones europeas e internacionales: que modernicemos nuestras estructuras y cuanta más coincidencia política haya en la tramitación, mejor".