A escasos días de que arranque el macrojuicio por la salida a Bolsa de Bankia, el que fuera su número 'dos' en el momento de los hechos, José Luis Olivas, ha remitido un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que expone que tenía "pleno convencimiento" de la solidez de la entidad, que acabó siendo nacionalizada.
En dicho escrito, que lleva por fecha el 31 de octubre y al que ha tenido acceso La Información, deja constancia de que tanto él como su mujer suscribieron tras el debut bursátil, acciones por valor de 150.000 euros, con indicación de que se mantuvieran en la cartera hasta tiempo después de su dimisión, en octubre de 2011.
Tanto es así, que, en aras acreditar la pretensión alegada, aporta otro certificado remitido por Bankia en el que consta como el matrimonio Olivas-Álvarez amplió su cartera de acciones de Banco de Valencia, pasando de 48.810 acciones en 2009 a 52.037 en 2011, lo que en ganancias se tradujo en 175.000 euros.
De esta manera, Olivas quiere demostrar que desde la cúpula del banco se tenía plena confianza en la solvencia del mismo, pese a que el juez de la Audiencia Nacional que ha instruido esta causa durante cinco años, Fernando Andreu, le procesó junto con otras 33 personas (entre ellas el expresidente Rodrigo Rato) por incluir datos falsos en el folleto informativo de la salida a Bolsa en julio de 2011.
En contra de su versión, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que los máximos responsables del Consejo de Administración aprobaron unas cuentas maquilladas y que no reflejaban la verdadera situación de la entidad. De ahí que pida para él la segunda pena más alta -cuatro años de cárcel- por los delitos de falsedad en las cuentas anuales durante los ejercicio de 2010 y 2011 y fraude de inversores.
Antesala del juicio de la crisis financiera
El hecho de que se presentara este escrito a menos de un mes del arranque del juicio pone de relieve que la intención de las defensas de demostrar que no hubo dolo por su parte y que, por tanto, no tienen responsabilidad penal en estos hechos que acabaron costando a las arcas públicas del Estado 46.000 millones de euros, según el peritaje del Banco de España.
De acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por este diario, ese será uno de los principales argumentos que plantearán las defensas de los 34 acusados -entre ellos Bankia, BFA y Deloitte como personas jurídicas- los primeros días del juicio dedicados a cuestiones previas. Con todo, se trata de una vista maratoniana que se prolongará al menos hasta junio de 2019 y a cuyo frente estará Ángela Murillo, presidenta del tribunal que juzgó y condenó a los 64 acusados de las tarjetas 'black' en una pieza separada de este procedimiento.
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