Lunes, 17.12.2018 - 21:15 h
Corrupción y economía

Los juicios por el caso Bankia y el 'procés' marcan la agenda de este curso judicial

Además de macrocausas como Gürtel, Lezo o Púnica, la Audiencia Nacional retoma la investigación por la quiebra del Banco Popular y Catalunya Caixa

Fotografía de Rodrigo Rato
Rodrigo Rato será juzgado por la salida a Bolsa de Bankia / EFE

La agenda judicial de este nuevo curso vendrá marcada, en el plano económico, por el juicio del caso Bankia, cuyo arranque está fijado para el próximo 26 de noviembre. El expresidente de la entidad Rodrigo Rato y otros 33 imputados por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores se sientan en el banquillo de los acusados por la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.

Anticorrupción pide para el ex vicepresidente del Gobierno cinco años de cárcel y le acusa de permitir un debut bursátil a sabiendas de la situación “crítica” de Bankia. También considera responsables penales al entonces vicepresidente José Luis Olivas y a los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons; aunque el juez amplió la acusación al resto de miembros del consejo de administración y a Bankia, BFA y la auditora Deloitte como personas jurídicas.

Se trata de una causa cuya instrucción se cerró tras cinco años de investigación y que ha recaído en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la misma que se encargó del juicio de las tarjetas ‘black’. En esta pieza fueron condenados muchos de los que ahora se sientan en el banquillo de los acusados, como es el caso del propio Rato.

Precisamente, se espera que en las próximas semanas el Supremo se pronuncie sobre la sentencia del tribunal que presidió la magistrada Ángela Murillo contra la totalidad de acusados por hacer uso personal de las tarjetas de Caja Madrid. De confirmarse la resolución, se trataría de la primera condena en firme para el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue penado a cuatro años y medio de cárcel por dar continuidad a este sistema generalizado bajo la presidencia del fallecido Miguel Blesa.

El calvario judicial para Rato se acentúa con una tercera causa que se instruye en los juzgados de Plaza Castilla por el presunto origen ilícito del patrimonio. El juez continuará este septiembre con las pesquisas en las más de diez piezas abiertas para esclarecer si, como apunta Guardia Civil y Hacienda, cometió blanqueo y fraude fiscal durante su etapa como vicepresidente del Gobierno de José María Aznar.

Con todo, la investigación de otras causas económicas sigue su curso este otoño en la Audiencia Nacional, como es el caso de la quiebra del Banco Popular, en la que están investigados sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, y Catalunya Caixa, por la que está imputado el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra debido al agujero patrimonial en la entidad de más de 700 millones de euros.

Sandro Rosell y el líder de Manos Limpias, a juicio

A falta de que se fije fecha para la vista oral, otro de los juicios que se celebrará previsiblemente este curso es el que sienta en el banquillo de los acusados al expresidente del Barça Sandro Rosell por integrar presuntamente una red para desviar fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol. Rosell, que a día de hoy continúa en prisión provisional por riesgo de fuga, se enfrenta a una petición de Fiscalía de once años de cárcel y multa de 59 millones de euros.

Peor pronóstico afronta el expresidente de Ausbanc Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias Miguel Bernad, para quienes la Fiscalía pide 118 años de cárcel y 24, respectivamente, por montar una red de extorsión contra empresas, bancos y otras asociaciones a las que amenazaron a cambio de no hacerles publicidad negativa. Tras dar por zanjada la investigación, el siguiente paso es que la Sala fije fecha de enjuiciamiento por delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo, entre otros.

El ‘procés’, en el punto de mira

En clave política, la vista oral que va a copar la atención mediática será la que acoja el Tribunal Supremo contra los 25 procesados en la causa de la deriva independentista. Todos los exmiembros del 'Govern' de Puigdemont –a excepción del propio expresidente y otros cuatro, que se encuentra huidos de la Justicia española- se enfrentan a penas de cárcel que llegan hasta los 30 años por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos.

La celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la fallida declaración unilateral de independencia provocaron la apertura de diligencias por la vía penal en la Audiencia Nacional contra los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium y el gobierno entero del expresidente catalán,si bien el Tribunal Supremo acabó asumiendo casi la totalidad de la causa en noviembre.

La otra pata de la investigación, que afecta al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, los líderes políticos de este cuerpo policial Pere Soler y César Puig y la intendente Teresa Laplana, permanece en la Audiencia Nacional y está ya finalizada. La juez instructora les imputa delitos de sedición y organización criminal por montar un “dispositivo engañoso” para permitir la celebración de la consulta, prohibida por el Tribunal Constitucional.

Anticorrupción estrecha el cerco a Camps

A todo esto se añade el transcurso de otras macrocausas de corrupción que por su volumen y dificultad suman varios años ya de pesquisas en este órgano judicial. Es el caso de la trama Lezo, relacionada con irregularidades en el Canal de Isabel II; la Púnica, que encara su cuarto año de investigación acerca de la presunta financiación irregular del PP madrileño, y la Gürtel.

Una de las medidas que se tomará en relación a esta última es la solicitada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio de que se reabra la pieza relativa a una adjudicación presuntamente irregular del Gobierno valenciano en 2008 año en que estaba al frente del mismo Francisco Camps. De ser así, el juez podría investigar al exmandatario valenciano por delito de prevaricación.

También continúan las diligencias en el 'caso Pujol', el conocido como ‘3 por ciento’, relativo al presunto pago por parte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de comisiones ilegales a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña, o la trama Villarejo, en el marco de la cual se investiga a la amiga íntima del Rey Corinna zu Sayn-Wittgenstein por haber contratado al comisario jubilado para que ayudara a un empresario británico amigo suyo por sus problemas con Hacienda.

Pero además de las causas políticas y económicas, la Audiencia Nacional continuará con la investigación sobre los atentados de Las Ramblas en Barcelona. Tras el levantamiento parcial del secreto del sumario, todo apunta a que el juez instructor Fernando Andreu acelerará la instrucción los próximos meses para esclarecer las causas del ataque en el perdieron la vida 16 personas.

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