Ombudsman de El Salvador pide intervención de la ONU en crisis institucional

San Salvador, 19 jul.- El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Oscar Luna, pidió hoy la intervención de las Naciones Unidas en la crisis institucional que vive el país por la anulación de las elecciones de magistrados.

Luna le entregó al representante adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, Richard Barathe, la solicitud dirigida al secretario general del organismo mundial, Ban Ki-moon.

Un comunicado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) precisó que en su carta a Ban el ombudsman "le solicita intervenir en la presente crisis que se ha creado en la institucionalidad salvadoreña" y que "nombre a un Representante Especial que visite el país" para conocer el conflicto.

Luna plantea que ese representante de la ONU, "en consulta con la Presidencia de la República y otros sectores de la sociedad, integre una Comisión de Trabajo con expertos nacionales e internacionales, que de manera urgente emprenda los esfuerzos para una pronta solución al conflicto", agregó el boletín.

"El propósito de esta petición es contribuir a la solución de la crisis, bajo la modalidad de la negociación y el diálogo", puntualizó la PDDH.

Remarcó que la crisis, que enfrenta a los poderes Legislativo y Judicial desde el 5 de junio pasado, "amenaza la estabilidad, armonía social y el Estado de Derecho en El Salvador".

Luna, según la nota oficial, explica en su carta a Ban "la actual controversia por el control de la Corte Suprema de Justicia y su Sala de lo Constitucional, que ha generado situaciones de muchísima tensión al interior del Órgano Judicial".

Además, le expone que la crisis amenaza "con volver inefectivos los principios de separación de poderes y de independencia judicial, que son parte de las garantías para prevenir el abuso y la concentración del poder", añadió el comunicado.

Explicó que la PDDH puede pedir la intervención de las Naciones Unidas porque goza de estatus en el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

La crisis salvadoreña sigue sin visos de solución y ha derivado en que el país tenga desde el pasado lunes dos autoproclamadas cortes supremas de justicia.

Uno de esos tribunales está integrado por los 10 magistrados cuyas elecciones, en 2006 y abril de este año, fueron declaradas inconstitucionales el 5 de junio por la Sala de lo Constitucional.

El otro tribunal es la Sala de lo Constitucional ampliada con varios suplentes.

Cinco de los 15 miembros de la Corte Suprema deben ser renovados cada tres años y así cumplen períodos escalonados de nueve años.

La Constitución salvadoreña no fija en qué períodos el Parlamento debe elegir a los magistrados, pero la Sala argumentó que una misma legislatura no puede hacerlo más de un vez, como ocurrió en 2006 y en abril pasado.