La CNDH "demanda justicia para las víctimas y sus familias mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables" de este suceso que ocurrió la noche del lunes en la comunidad de Ajalpán, 271 km al este de la Ciudad de México, dijo el organismo en un comunicado.
Los dos hermanos fueron linchados y quemados en un espacio público por una turba que les acusó de intentar secuestrar a niños, aunque ellos lo negaron y se identificaron en todo momento como encuestadores.
Antes del fatídico desenlace y ante la ola de rumores, la policía municipal había llevado a los jóvenes a la comandancia municipal para verificar si era cierto que estaban secuestrando a menores, pero los agresores entraron en el edificio y se llevaron a los dos encuestadores.
"Los protegimos hasta nada más pudimos, pero la gente se amotinó", dijo el alcalde del municipio, Gustavo Lara, a Milenio Televisión asegurando que tienen identificadas a través de los vídeos y fotos que tomaron varios curiosos a 25 personas que presuntamente participaron en el linchamiento.
Lara dijo que solicitaron apoyo a la policía estatal, pero que ésta llegó cinco horas después de los hechos, algo que ha negado el secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Rodríguez Almeida.
Almeida dijo que sólo se les avisó pasada una hora de que la situación empezara a ponerse violenta y que tardaron 40 minutos en llegar.
Una fuente de la fiscalía estatal dijo a la AFP que varias personas están declarando por los hechos, entre los cuales policías de Ajalpán y el síndico municipal.
"El fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se ha presentado en el estado de Puebla evidencia la fragilidad del Estado de Derecho", consideró la CNDH.
Al recordar que se han producido nueve episodios similares en lo que va de año en ese estado, el Ombudsman dijo que debe tomarse en cuenta la "señal de alarma" para que no se repitan estos hechos.
En septiembre pasado otros dos hombres fueron linchados en una comunidad indígena de Chiapas (sureste) donde según cifras oficiales han ocurrido 11 ajusticiamientos de este tipo desde 2012.
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