San José, 27 may.- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica solicitará hoy a dependencias de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervengan ante el exceso de población en las cárceles del país centroamericano, que ya alcanza el 35 %.
La defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, explicó en conferencia de prensa que la petición se realizará hoy por medio de sendas cartas al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH.
La idea es que en los próximos meses funcionarios de esas dos oficinas "con ojos diferentes y una visión más integral" visiten las cárceles de Costa Rica y emitan una serie de recomendaciones que deban ser acatadas por el Estado, explicó la defensora.
"Estamos terriblemente preocupados. Las cárceles se han convertido en depósitos de seres humanos donde se violan un montón de derechos y lejos de que la situación se arregle se ha venido intensificando", afirmó Taitelbaum.
Datos oficiales indican que en la actualidad las cárceles de Costa Rica tienen una capacidad para 9.803 reos, pero en ellas hay recluidos 13.228, lo que se traduce en un 35 % por encima de su capacidad.
En los últimos años el exceso de población carcelaria ha venido en aumento. Para 2008 fue de un 1 %, en 2009 del 9,8 %, en 2010 del 23,4 %, en 2011 del 28,1 % y en 2012 del 31,8 %.
"Hace años en este país se subejecutó el presupuesto para infraestructura penitenciaria y al mismo tiempo se endurecían las leyes, no se buscó una solución integral y tampoco existe una política de prevención del delito, en eso hemos fallado como Estado", apuntó Taitelbaum.
La defensora presentó hoy el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, equipo adscrito a la Defensoría de los Habitantes, el cual señala el hacinamiento en los centros penitenciarios y otros problemas que atentan contra la dignidad humana de los presos.
El informe señala como una de las principales razones para el crecimiento de la población carcelaria a la creación hace cinco años de los tribunales de flagrancia, que juzgan en cuestión de horas o días a personas capturadas en el momento que cometen un delito.
Según Taitelbaum, otros factores son los aumentos recientes en algunas penas de cárcel y que los jueces dictan con frecuencia la prisión preventiva como medida cautelar.
La defensora también señaló los delitos de narcotráfico y puso como ejemplo que el 90 % de las mujeres presas en el país cumplen penas por ese motivo.
Entre las soluciones al problema, Taitelbaum apuntó a la creación de políticas integrales de prevención del delito y la utilización de brazaletes de rastreo para que algunos reos cumplan sus condenas en casa con movilidad restringida.
La compra de estos brazaletes se financiaría con 40 millones de dólares de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero su uso debe ser aprobado por el Congreso, donde un proyecto de ley sobre la materia se encuentra estancado.
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