ONG piden a UE que exija a Colombia investigar incidentes en huelga agraria

Bruselas, 28 ago.- La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), que reúne a una treintena de ONG, instó hoy a la Unión Europea a pedir a Colombia que lleve ante la Justicia a los responsables de los incidentes ocurridos durante una reciente huelga del sector agrario del país.

En particular, pidieron a los países europeos que "insistan ante el Estado colombiano para que los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las recientes manifestaciones sean investigados, juzgados y sancionados", según un comunicado.

Además, las ONG abogaron por que "las personas que han sido llevadas ante la Justicia y detenidas arbitrariamente sean liberadas y que los cargos en su contra sean levantados".

Las organizaciones expresaron su "preocupación" por las denuncias sobre "violaciones graves de los derechos humanos" cometidas en el marco del paro agrario por parte de "la fuerza pública" y denunciaron "la actitud represiva de las autoridades frente a los manifestantes".

Las violaciones cometidas, según las ONG, incluyen supuestos ataques por parte de la policía antidisturbios contra de los manifestantes, bloqueos en la vía pública para impedir las protestas, "casos de violencia sexual", saqueos y otras acciones.

Las ONG denunciaron que la represión de la huelga, en particular la ocurrida recientemente en Catatumbo, y el paro minero que causó al menos cuatro muertos y cientos de heridos, "tiene un efecto disuasorio para las quienes quieren manifestarse en favor de sus derechos".

Por ello, consideran fundamental que "el Gobierno colombiano, especialmente en un contexto como el actual, en medio de negociaciones de paz, respete estas libertades y tome en consideración los reclamos de los distintos sectores de la sociedad colombiana".

"Pedimos a la comunidad internacional que exprese su preocupación frente a la represión de las protestas en Colombia y haga un llamamiento a las autoridades para que garanticen el libre ejercicio de las libertades de expresión y manifestación y para que se abstengan de criminalizar a los manifestantes", señala la nota.