La Paz, 22 sep.- La oficina de la ONU en Bolivia recomendó al presidente Evo Morales suspender la construcción de la carretera financiada por Brasil que atravesará una reserva natural, hasta que logre un acuerdo con los indígenas amazónicos que marchan desde hace 38 días para rechazar esa obra.
La representante de la ONU, la japonesa Yoriko Yasukawa, dijo que se debe garantizar "el derecho al consentimiento previo, libre e informado" de los indígenas, tal como establecen las leyes, antes de continuar las obras, que comenzaron en junio pasado.
"Si se puede suspender esa obra y si las autoridades pueden sentarse con todas las autoridades indígenas que van a ser afectadas directamente para, con la disposición de considerar otras alternativas, dialogar, yo creo que se puede garantizar ese derecho", agregó Yasukawa, en entrevista con la radio Erbol.
Los indígenas amazónicos caminan hacia La Paz para rechazar esa vía de más de 300 kilómetros, que partirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en un conflicto que afecta la imagen de Morales como indigenista y ecologista.
La marcha fue frenada a cinco kilómetros del pueblo de Yucumo por cientos de campesinos leales a Morales, y por policías enviados desde La Paz con instrucciones de no dejar pasar a los indígenas, supuestamente para evitar enfrentamientos entre ambos bandos.
Medios locales denunciaron hoy que los campesinos de Yucumo requisan a los viajeros que pasan por allí y han impedido el paso de alimentos, agua y medicinas enviados a los indígenas.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, que acompaña a los indígenas, dijo hoy a Efe que la marcha, sin embargo, logró abastecerse de alimentos y agua desde el pueblo vecino de San Borja, por el que antes había pasado.
Cabrera lamentó que la policía impida el paso a los indígenas, porque "está vulnerando sus derechos fundamentales".
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró hoy en rueda de prensa que "si hay algún funcionario público que esté impidiendo el paso de agua o alimentos, va a ser procesado (...) Lo único que estamos controlando es que no pasen armas".
Los indígenas y grupos ecologistas temen que la carretera permita a los cocaleros del Chapare, zona vecina al parque y feudo político de Morales, invadir el Tipnis, de 1,2 millones de hectáreas, para producir hoja de coca, base para la fabricación de cocaína.
La oficina antidrogas de la ONU reveló recientemente que desde que Morales llegó al poder en 2006 los cultivos de coca aumentaron un 22 % en Bolivia, expandiéndose por parques naturales.
Morales y sus ministros defienden el proyecto alegando que es vital para la integración vial del país, e insisten en vincular a los indígenas con grupos de derecha y la embajada de Estados Unidos, que supuestamente pretenden desestabilizar al Gobierno.
Llorenti dijo, a modo de prueba de esa acusación, que los indígenas denunciaron el conflicto ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) con apoyo de un bufete de abogados en el que trabaja Jaime Aparicio, exvicecanciller del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03).
El líder de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Adolfo Chávez, rechazó las críticas de Llorenti y recordó que uno de sus jefes de inteligencia, el general René Sanabria, exzar antidrogas de Morales, confesó recientemente en Estados Unidos su implicación en el narcotráfico.
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