México, 26 jun.- México registró 89 agresiones contra defensores de derechos humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, según un informe divulgado hoy por la Organización de Naciones Unidas.
"No hemos logrado quebrar las expresiones de vulnerabilidad tanto en número de casos como el tipo de agresiones", dijo hoy el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández.
Desde 2006 existe un clima de hostilidad en contra de los defensores de los derechos humanos en México, siendo 2011 el año más crítico con el asesinato de siete personas, reveló el documento sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México.
En un 61 % de las agresiones registradas entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, mes en que inició la Administración de Enrique Peña Nieto, los presuntos responsables fueron identificados, pero en ninguno de los casos se ha dictado sentencia en firme.
"La falta de sanciones a los perpetradores no solamente contribuye a la repetición de los hechos, sino que además agrava el nivel de riesgo en que los defensores de los derechos humanos continúan realizando su labor", resalta el informe.
De acuerdo con el documento, los cuatro estados mexicanos más peligrosos para los defensores de los derechos humanos son Oaxaca, Chihuahua, Coahuila y el Distrito Federal.
Las agresiones más frecuentes son las amenazas y las injerencias arbitrarias a través del allanamiento a las oficinas o mediante el robo de información.
En la mayoría de los casos, las amenazas tenían el propósito de intimidar y frenar la labor de los defensores de derechos humanos.
Durante la presentación del informe, la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, admitió que "la mejor manera de proteger los derechos los derechos humanos y a los periodistas es investigar los casos de amenazas y sancionarlos".
La oficina en México del Alto Comisionado consideró "un paso transcendental" la promulgación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, aunque varias ONGs han criticado una serie de fallas en el mecanismo de protección de estos dos grupos que han impedido su adecuado funcionamiento.
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