Buenos Aires, 18 dic.- Parlamentarios opositores de Argentina cuestionaron hoy al empresario Lázaro Báez, de estrechos lazos con los Kirchner, por sus presuntas presiones a la prensa y la decisión de separar al fiscal que le investigaba.
Un grupo de diputados y senadores de la oposición realizó una audiencia pública para dar su respaldo al fiscal José María Campagnoli, quien investigaba a Báez y fue desplazado por una denuncia de la procuradora general de la Nación (jefa de los fiscales), Alejandra Gils Carbó.
El titular de la bancada de senadores de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, aseguró que el desplazamiento de Campagnoli de la causa "se inscribe en una lógica para controlar al Poder Judicial".
En el encuentro estuvo presente el propio Campagnoli, quien afirmó estar "convencido" de que fue desplazado "no es solo por la investigación del caso del Lázaro Báez sino por otras investigaciones de causas que serán resonantes por su gravedad".
El lunes pasado diputados de la opositora Unión PRO presentaron una denuncia penal contra los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento que votaron a favor de la suspensión de Campagnoli.
El fiscal fue desplazado a pedido de Gils Carbó, por un presunto exceso del fiscal en sus funciones a la hora de investigar al empresario.
Campagnoli actuaba como fiscal en una causa que investiga si otro empresario, Federico Elaskar, fue obligado a vender en 2011 bajo amenazas de muerte la financiera SGI.
La citada entidad quedó bajo control de Helvetic SG, con sede en Suiza, sociedad que, según Elaskar, pertenecería a Báez.
Los legisladores opositores también cuestionaron a Báez por presentar un recurso judicial para evitar que el diario La Nación, de Buenos Aires, publique un informe sobre los presuntos pagos millonarios que el empresario habría hecho al fallecido expresidente Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández.
Según la prensa local, los desembolsos del empresario, con activos en el sector de la construcción, habrían ido a las arcas de establecimientos hoteleros propiedad de los Kirchner en la sureña provincia argentina de Santa Cruz.
"Tenemos que defender el derecho a investigar, que está siendo comprometido muy seriamente. Creo que no es casualidad que quienes investigan, tanto desde el periodismo como desde la Justicia hoy estén sometidos a tanto autoritarismo y arbitrariedades", dijo en la audiencia de hoy la diputada radical Patricia De Ferrari.
"Claramente hay un poder que no quiere ser investigado, y nosotros debemos frenar este proceso", añadió la legisladora.
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