Panamá debe consolidar políticas en favor de indígenas, sostiene Relator ONU

Panamá, 26 jul.- El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, sostuvo hoy que el gobierno de Panamá debe consolidar e implementar políticas públicas de Estado en favor de los derechos de los pueblos indígenas, para no poner en riesgo los avances logrados.

Anaya señaló en rueda de prensa que en Panamá, la preservación y el desarrollo de las culturas indígenas se debe, en gran medida, al reconocimiento de los territorios y de la autonomía otorgada por el Estado panameño a varios pueblos.

Pero, añadió, estos fundamentos son "frágiles y precarios" en muchos aspectos por las diversas amenazas que se ciernen sobre los derechos de estas poblaciones.

Anaya hizo hoy una presentación preliminar de su informe ante la prensa, después de reunirse en un periodo de ocho días con representantes del gobierno, grupos indígenas y organizaciones no gubernamentales, además de visitar diversos territorios autóctonos.

El relator especial destacó que uno de los esfuerzos que podría significar un "avance significativo" es la actual mesa del diálogo, donde se elabora un plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación del gobierno, los siete pueblos aborígenes del país y la Organización de las Naciones Unidas.

Reconoció que las recomendaciones y reflexiones que contendrá su informe no son vinculantes, pero dijo que la idea es que se tomen en consideración y que tanto el gobierno como los indígenas de "buena fe" realicen un diálogo fructífero.

Resaltó que una de las mayores inquietudes de los siete pueblos autóctonos es "el reconocimiento y la protección de sus territorios y recursos naturales", sobresaliendo entre ellos, la inseguridad que presentan los pueblos "bribri" y "naso", cuyos territorios no disponen de un reconocimiento comarcal.

En ese sentido, dijo que las autoridades panameñas en materia de tierra deberían de conceder una consideración y atención a la propuesta de estos pueblos, sobre la creación de una comarca que otorgue reconocimiento y protección a sus derechos territoriales.

También hizo hincapié de la preocupación de estos pueblos ante la presencia de terceros (colonos, ganaderos, empresas agrícolas y de turismo) en sus territorios, que ha resultado en la pérdida de grandes extensiones de tierras y recursos naturales, así como en la fragmentación de la autoridad y control que ejercen en su territorio.

Asimismo, Anaya habló sobre los grandes proyectos de inversión en los territorios indígenas, como el de la hidroeléctrica Chan 75 y el de Barro Blanco, ambos cercanos a las poblaciones indígenas Ngäbe Buglé en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, respectivamente, en el Occidente panameño.

Sobre el proyecto Chan 75, de especial atención durante su visita a Panamá en 2009, expresó que si bien se cumplieron con algunas de sus recomendaciones, no se cumplió con la principal que se fundamentó en reconocer los derechos territoriales que tenía el pueblo Ngäbe en esa zona.

Señaló que, con respecto a Barro Blanco, observó durante su visita una fuerte oposición al proyecto, así como una falta de claridad y de información adecuada sobre los impactos del mismo.

"En cambio, sí se manifiesta con claridad que si bien la represa del proyecto hidroeléctrico, actualmente en construcción, está ubicada fuera de la Comarca (...), su embalse inundaría tierras de un área anexa de la comarca con una afectación directa sobre los habitantes de esta zona", afirmó.

Dijo que de la misma manera como el Estado tiene la obligación de proteger los derechos del pueblo Ngäbe sobre sus tierras y recursos naturales, la empresa responsable del proyecto Barro Blanco tiene la obligación independiente de respetar estos mismos derechos.

Finalizó señalando que en las próximas semanas revisará la información obtenida con los diferentes actores, para luego elaborar un informe que se hará público el próximo año y será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.