Parlamento hondureño interviene el Ministerio Público y suspende a fiscales

Tegucigalpa, 17 abr.- El Parlamento de Honduras aprobó la intervención del Ministerio Público mediante la creación de una comisión y la suspensión durante 60 días del fiscal general, Luis Alberto Rubí, y el fiscal adjunto, Roy Urtecho, confirmó hoy una fuente del poder legislativo.

La intervención fue aprobada el martes por la noche por 107 de los 128 diputados que integran el Parlamento hondureño, después que la semana pasada comparecieron ante el legislativo los principales operadores de justicia, para responder sobre lo que han hecho para frenar la ola de criminalidad que sacude al país.

La conclusión sobre la comparecencia de los operadores de justicia es que todos han fallado y que por eso se ha incrementado la violencia, llegando al grado que en los últimos dos años se han venido registrando una veintena de muertos diarios.

Los objetivos y finalidad de la Comisión Interventora del Ministerio Público son "implementar de forma dinámica los procesos y políticas que permitan eficientar la labor de la institución para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos que son de su competencia", subraya uno de los artículos de la iniciativa, según señaló la fuente a periodistas.

Para el cumplimiento de sus tareas la Comisión Interventora asume todas las funciones y atribuciones que legalmente le competen al fiscal general y al general adjunto, quienes durante 60 días, a partir de hoy, no ejercerán funciones atribuidas a sus cargos, añade la resolución de los diputados.

Además, la Comisión Interventora contará con asesoría internacional proporcionada por países amigos cooperantes, por entes internacionales, instituciones o programas nacionales o internacionales para el mejor logro de su misión.

También desarrollará y ejecutará "una pronta y efectiva evaluación y depuración de todas las estructuras del Ministerio Publico, a través de la aplicación de pruebas de confianza de manera integral, a efecto de volverlo confiable".

Entre otras acciones, definirá y ejecutará "un esquema legal de selección de personal calificado, que permita el ingreso y ascensos de personal con la capacidad e idoneidad para el cargo".

Las primeras acciones después del informe de los operadores de justicia fueron la separación, a partir del 1 de mayo próximo, del ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, quien será sustituido por el actual canciller, Arturo Corrales, lo que fue anunciado el pasado lunes por el presidente hondureño, Porfirio Lobo.

También se resolvió, por iniciativa del Parlamento, la destitución del director y subdirector de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

En fiscal general, Luis Alberto Rubí, dijo la semana pasada en su informe ante el Parlamento que por múltiples limitaciones el Ministerio Público solamente puede investigar el 20 por ciento de las denuncias que recibe.

El diputado Mario Rivera, del minoritario Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, dijo a Acan-Efe que "el problema de la violencia en Honduras no es de formar o no comisiones, sino la falta de una política nacional de seguridad".

Agregó que el responsable de la seguridad de los hondureños es el presidente de la nación y el Consejo Nacional de Seguridad, que lo integran los titulares de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

A menos de diez meses para concluir su mandato de cuatro años, el gobernante hondureño no ha podido cumplir con sus únicas dos promesas de campaña: Trabajo y seguridad.

Rivera subrayó que la Comisión Interventora del Ministerio Público lo que provocará es "el despido o la salida del fiscal general y del adjunto".

"Si el problema (en el Parlamento) lo vuelven personal, lo vuelven político y se crea la sospecha de que quieren evitar a futuro problemas posteriores de contraloría, jurídicos y de investigación", enfatizó Rivera en alusión tácita al presidente del Parlamento, Juan Orlando Hernández.

"Así que aquí parece que algo tiene que cambiar para que sigamos igual", comentó Rivera.

El titular del Parlamento es candidato presidencial en las elecciones generales del 30 de noviembre próximo por el gobernante Partido Nacional.

Analistas y políticos de oposición también consideran que Hernández estaría pretendiendo colocar en el Ministerio Público a un fiscal que sea afín a él, lo que ha rechazado el titular del Parlamento.