El partido Cambio Democrático (CD, derecha) "expresa su respaldo absoluto" a Martinelli, presidente de este colectivo político de oposición, y rechaza "el terrorismo judicial que pretende silenciar e intimidar a aquellos panameños que alzan su voz de protesta contra el gobierno", de Juan Carlos Varela, dice el CD.
Las manifestaciones del CD se producen después que el fiscal Harry Díaz acusara formalmente a Martinelli por el presunto espionaje a opositores durante su gobierno (2009-2014).
Según un comunicado firmado por el vocero del exmandatario y dirigente del CD, Luis Eduardo Camacho, el gobierno de Varela tiene "odio y sed de venganza política y personal", contra Martinelli.
Díaz presentó el viernes en la Corte Suprema de Justicia un escrito de acusación contra Martinelli, "por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública y sus diferentes formas de peculado".
Díaz solicitó además a la Policía panameña que se emita alerta azul a través de Interpol para dar con el paradero de Martinelli, quien lleva desde enero fuera del país.
Sin embargo, el CD acusó a Díaz de utilizar las investigaciones contra Martinelli "para complacer" a Varela y calificó su actuación de "penosa".
"Sus acciones arbitrarias, ilegales e inconstitucionales, confirman que el Ministerio Público (Fiscalía)" no trabaja "en razón del sagrado deber de buscar la verdad e impartir justicia" sino de "satisfacer la sed de venganza personal del presidente Varela y del poder económico", dice el CD.
Martinelli, quien dice estar en Miami (Estados Unidos), es investigado por la Corte debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Las acusaciones de Díaz, magistrado de la Corte que funge como fiscal en este caso, se dan tras finalizar el período de investigación contra Martinelli por presunto espionaje a opositores durante su administración.
Por este caso, están llamados a juicio en 2016 el exdirector de la Policía, Gustavo Pérez, y el ex secretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz, así como a otros dos exfuncionarios actualmente prófugos.
A todos ellos se les acusa de interceptar presuntamente las comunicaciones de unas 150 personas entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores al gobierno de Martinelli.
Por el contrario, el CD manifiesta que es en el actual gobierno de Varela donde se violan los derechos humanos, las garantías constitucionales y la presunción de inocencia.
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