Santiago de Chile, 16 ene.- La Corte Suprema de Chile aprobó hoy una solicitud para pedir la extradición a Australia de Adriana Rivas, que fue la secretaria del general Manuel Contreras, jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet, por la desaparición de un alto dirigente comunista en 1977.
La víctima es Víctor Díaz López, secretario general del Partido Comunista (PC) en la clandestinidad, quien fue apresado y hecho desaparecer junto a varios otros dirigentes de la colectividad.
En un fallo unánime, los jueces de la II Sala Penal del máximo tribunal chileno aprobaron la solicitud del juez Miguel Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien tiene a su cargo la investigación del llamado caso "Calle Conferencia 1".
Según el fallo, en la causa se cumplen los requisitos formales del Tratado de Extradición existente entre Chile y Australia y señala que la solicitud "es procedente por tratarse de un crimen de lesa humanidad".
"En el caso examinado, la persona solicitada (Adriana Rivas) se encuentra suficientemente individualizada, habiendo prestado declaración en su oportunidad ante el instructor y existiendo antecedentes que la señalan en la situación investigada", dice el texto.
Rivas fue secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Augusto Pinochet, y está procesada desde 2007, por este caso, referido al secuestro y desaparición de siete dirigentes del PC y el homicidio calificado de Díaz López.
En septiembre pasado, Rivas defendió la tortura en una entrevista con una emisora australiana, asegurando que era una medida "necesaria" para extraer información y "quebrantar a la gente", recordó hoy la Radio Bío Bío.
Según el expediente, Víctor Díaz fue detenido el 12 de mayo de 1976 y torturado durante varios meses, hasta enero de 1977, en un cuartel secreto de la DINA situado en el municipio santiaguino de La Reina.
En enero de 1977, los agentes envolvieron la cabeza de Díaz López con una bolsa de plástico hasta que falleció.
Después, introdujeron el cadáver en dos bolsas de polietileno, una por la cabeza y otra por los pies, las que amarraron con alambre en torno a la cintura y enseguida le ataron un trozo de riel de unos 80 centímetros de largo, para después ponerlo en dos sacos de arpillera, uno por la cabeza y otro por las extremidades, los que fueron unidos con alambre.
Posteriormente trasladaron el cadáver hasta el campo militar de Peldehue, al noreste de Santiago, donde fue subido a un helicóptero que partió rumbo al mar, donde fue arrojado en un punto no determinado.
Víctor Díaz López era el padre de Viviana Díaz, una destacada dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afdd), galardonada en 2012 con el Premio Nacional de Derechos Humanos.
Las otras víctimas del caso fueron los dirigentes del PC Mario Zamorano Donoso, Jorge Muñoz Pourtays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Zepeda, Lenin Díaz Silva y Eliana Espinoza Fernández, desaparecidos hasta el día de hoy.
El juez Vázquez acusó el pasado octubre -paso previo a la sentencia en el antiguo sistema procesal chileno-, a 79 agentes, entre ellos a los máximos jefes de la DINA, encabezados por el mismo Manuel Contreras, que cumple condenas por más de 300 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.
También figuran en la lista sus colaboradores más cercanos, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence, Carlos López y Juan Morales, también condenados a altas penas en numerosos casos de crímenes de lesa humanidad, así como diez agentes mujeres.
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