Pendás: la moción de censura del PSOE "rompe su significado constitucional"

Madrid, 5 ago.- El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, considera que la idea de la moción de censura planteada por el PSOE "rompe su significado constitucional" ya que la utiliza para perseguir "una finalidad distinta" a la establecida en el Constitución.

Pendás ha hecho esta afirmación en una entrevista a Efe en la que ha añadido que el informe sobre las medidas del plan de regeneración democrática a las que se refirió la semana pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está muy avanzado y las reformas podrían concretarse a la vuelta del verano.

El director del CEPC ha recordado que la Constitución prevé en su artículo 113 que la moción de censura debe ser propuesta por al menos la décima parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidente del Gobierno, que defienda su programa alternativo.

El PSOE cuenta con el número de diputados suficiente (110) para presentarla y, por tanto, según Pendás, tiene el derecho a plantear esta iniciativa prevista por el constituyente si lo considera conveniente.

Sin embargo, la propuesta del líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, no incluía el candidato a la Presidencia que requiere la Constitución, lo que puede plantear "dudas jurídicas" y rozar los "límites constitucionales".

Esa ha sido una de las principales críticas que ha recibido la propuesta del PSOE, cuyo objetivo era la petición de explicaciones al presidente del Gobierno y su dimisión.

De hecho, los socialistas han advertido de que seguirán adoptando todas las iniciativas necesarias para conseguir que "se sepa la verdad" del caso Bárcenas y que Rajoy dimita.

"Claramente no es una buena estrategia", opina Pendás, que cree que así quedó demostrado la semana pasada durante la comparecencia de Rajoy para explicar el caso Bárcenas, de la que, afirma, el presidente "salió fortalecido".

El jefe del Ejecutivo anunció también durante ese debate algunas de las medidas del plan de regeneración democrática que va a impulsar el Gobierno, en las que ha estado trabajando desde el mes de marzo una comisión, coordinada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, de la que ha formado parte Pendás y representantes de varios ministerios.

Según el director del CEPC, se ha trabajado intensamente y, aunque hay flecos pendientes que perfilar ya se ha avanzado mucho.

Los trabajos de esa comisión "están muy avanzados" -anuncia- y es previsible que "a la vuelta de las vacaciones de verano", en septiembre, se pueda contar ya con unos "textos formales" para las reformas con las que se pretende reforzar la lucha contra la corrupción.

Entre las medidas previstas, se incluye una ley orgánica sobre el control financiero de los partidos, que regulará la actividad y funciones de los gestores económicos de las fuerzas políticas, a quienes se impondrá la obligación de comparecer en el Congreso.

Se estudia también la reforma de la ley del Tribunal de Cuentas para reforzar las competencias de este organismo que controla los gastos e ingresos de los partidos con el fin de poner freno a la "lentitud" con la que muchas veces se ve obligado a trabajar.

Habrá otro bloque de medidas para regular las funciones de los políticos: "una especie de Estatuto de los políticos" -avanza Pendás-, que incluirá un control de sus declaraciones y de su patrimonio.

Se trata de "cerrar espacios a la corrupción", dice el director del CEPC, quien considera que con todas estas reformas la legislación española en este ámbito "será una de las más avanzadas".

Otro grupo de reformas afectará al Código Penal, para endurecer el castigo para los delitos relacionados con la corrupción, y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), para agilizar los procedimientos.

Para los expertos, explica Pendás, lo más importante ante este tipo de delitos, más que incrementar las penas, es la "agilidad de la respuesta" y lograr un "enjuiciamiento rápido".

También se prevé, como ya anunció Rajoy durante su comparecencia ante el Congreso la semana pasada, la tipificación de delitos específicos como la financiación ilegal o el enriquecimiento ilícito de altos cargos, que hasta ahora no estaban regulados como tales en el ordenamiento jurídico español.