"Una vez notificada la ratificación del acuerdo, se planteará a Francia las actualizaciones necesarias y se avanzará en la tarea de lograr que la voluntad política de los gobiernos sobre extradiciones o expulsiones, se vea reflejada en los documentos firmados", dijo Humala en declaraciones a la agencia estatal Andina.
Humala aseguró que su gobierno planteará a su par francés algunas observaciones al naciente tratado, que Lima y París negociaron entre 2008-2013, proponiendo "discutir, por ejemplo, la política de extradiciones en la lucha frontal contra el terrorismo".
El presidente señaló también que el deseo de Lima es incluir entre los potencialmente extraditables a personas que pudiesen invocar doble nacionalidad (peruana y francesa) para evitar ser entregados a la justicia peruana. Humala, sin embargo, no precisó casos y fue muy vago sobre ese punto.
El tratado se suscribió el 21 de febrero en Lima, durante una visita del ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius. El Congreso peruano lo aprobó en noviembre pasado.
La decisión parece buscar desinflar las especulaciones que desató en la oposición la negativa de Humala a ratificar un acuerdo que su gobierno negoció en 2013 con las autoridades francesas.
Según la oposición, la negativa buscaba proteger a la esposa del presidente de un eventual pedido de extradición en el supuesto caso de que la Primera Dama partiese a Francia al final del mandato de Humala, en julio de este año. Nadine Heredia, jefa del partido gobernante, es investigada por lavado de activos en las campañas de su esposo.
Las interpretaciones surgen en plena campaña electoral en Perú, que celebrará comicios presidenciales y legislativos el 10 de abril.
El anuncio se produjo al mismo tiempo que la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, y el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, explicaban ante el Congreso el cambio del gobierno.
El presidente del Consejo de Ministros había dicho el lunes, en un intento de sacar las castañas del fuego a un Humala asediado por la oposición, que Perú no ratificaría el tratado de extradición con Francia debido a que no establecía condiciones de reciprocidad.
"Lo que el gobierno evaluó es si es que resulta conveniente firmar un tratado que obliga al Estado peruano a extraditar, pero no a solicitar extradiciones", declaró ese día a la prensa.
Cateriano soltó además una justificación rocambolesca a la negativa: "(El Tratado) Fue negociado en una etapa del gobierno en la que a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia del Consejo de Ministros se hallaban otras personas".
El nuevo tratado de extradición entre Perú y Francia, sustituirá al vigente, de 1876, que está desactualizado.
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