"Hemos decidido declarar en Estado de Emergencia las provincias de Santa y Casma, a partir de mañana" (25 de diciembre), dijo Humala en declaraciones a periodistas en la sede del Ejecutivo tras participar en un desayuno con niños por navidad.
La decisión eleva a tres las provincias (de un total de 196) declaradas en estado de emergencia por inseguridad, luego de que el 5 de diciembre ocurriera lo mismo con El Callao, vecina de Lima, donde se ubican el mayor puerto y aeropuerto del país, azotado por una ola de delincuencia, sicariato, narcotráfico y extorsión que ha provocado muertes por riñas entre bandas.
"Hemos tomado la decisión para poder darles tranquilidad a las familias de estas zonas, que muchas veces por el tema de inseguridad en las fiestas de Navidad y Año Nuevo puedan convertirse en víctimas", acotó Humala.
El estado de emergencia en Santa y Casma durará al menos 45 días y servirá para combatir los altos índices de inseguridad que se pueden dar en el país en estos tiempos, señaló el mandatario al explicar escuetamente las razones de la decisión que asoció a las fiestas de fin de año.
Las provincias de Casma y Santa, en la región Ancash (costa norte), se han convertido en los mayores focos de sicariato y de crimen organizado en los últimos años.
En Perú, el régimen excepcional de emergencia confiere a las fuerzas de seguridad plenos poderes para actuar sin necesidad de un mandato judicial. En la práctica la policía puede entrar a un domicilio donde tenga la sospecha de algún crimen, reunión de delincuentes o bandas o presencia de armamento, y detener personas.
Una declaratoria de emergencia implica la suspensión de los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio, y supone -eventualmente- la participación de las Fuerzas Armadas para colaborar con la policía en el resguardo de la seguridad.
El 20 de octubre el alcalde del distrito de Samanco, en Santa, fue asesinado en un complot urdido por sus propios regidores municipales. Poco antes, el alcalde provincial del Santa, Julio Cortez, recibió una sentencia en primera instancia por corrupción.
El crimen organizado y la corrupción en Ancash, una región que maneja millonarios fondos públicos en impuestos mineros, había alcanzado incluso a sus autoridades, lo que provocó la caída y encarcelamiento de su gobernador César Álvarez en 2014. Álvarez es procesado por el asesinato de su principal opositor político.
Según datos oficiales, en Perú ocurren 6,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
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