Lima, 16 dic.- Las autoridades de Perú solicitarán la extradición de un grupo de activistas de la organización Greenpeace que han sido acusados de dañar las líneas de Nazca, afirmó hoy el viceministro de Cultura, Luis Jaime Castillo.
El viceministro señaló, en declaraciones citadas por el portal del diario Perú21, que ante la información de que los activistas ya abandonaron el país se solicitará a las autoridades pertinentes que se pida su extradición "para que asuman su responsabilidad penal y civil".
"Nuestro patrimonio ha sido mancillado con este acto. Ahora todos querrán ir a las líneas de Nazca, pero para ver la zona que quedó afectada por las acciones de Greenpeace", declaró Castillo.
Los miembros de Greenpeace implicados en el caso dejaron Perú el pasado fin de semana después de que un tribunal rechazara un pedido de la Fiscalía para que se ordene su impedimento de salida porque el expediente no consignaba el domicilio donde debían ser notificados.
La ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, se reunió el lunes con el director de Greenpeace, Kumi Naidoo, quien le presentó sus disculpas por los daños cometidos en la zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1994, pero no quiso identificar a los autores.
El argentino Mauro Fernández, uno de los identificados hasta el momento, salió el jueves, antes de que el juzgado hubiera podido emitir una orden de detención preventiva.
Los integrantes de Greenpeace formaron, el lunes de la semana pasada, con letras de color amarillo un mensaje sobre el cambio climático al costado de la figura del Colibrí, uno de los geoglifos más representativos de las líneas de Nazca, que por su tamaño solo se pueden apreciar desde el aire.
Los geoglifos están en un área de 780 kilómetros cuadrados en el desierto de Ica.
Álvarez Calderón informó que pidió los nombres de los 12 activistas que estuvieron en las inmediaciones de la figura del Colibrí, pero Naidoo no se los proporcionó.
El director de Greenpeace informó a la ministra que va a designar a un representante legal para colaborar con las investigaciones en Perú.
El delito contra el patrimonio cultural en Perú es sancionado con hasta un máximo de ocho años de cárcel.
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