Chicago (EE.UU.), 6 mar.- Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes detenidos en EE.UU. para deportación pidieron hoy que el Gobierno aplique también en los centros de reclusión de indocumentados la Ley de Eliminación de Violaciones Sexuales en las Cárceles (PREA), que está previsto que entre en vigencia este año.
La ley, aprobada por el Congreso en 2003 para combatir la violencia sexual contra los detenidos, no contempla su aplicación en ninguna de las cárceles administradas por la Oficina Inmigración, incluyendo los centros de procesamiento especial y reclusorios de menos de 72 horas, por los que pasa la mitad de las personas detenidas para deportación, según estadísticas oficiales.
Mientras en otros establecimientos, cárceles de condados o prisiones privadas contratadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), no está claro si se aplicará la ley a toda la población reclusa.
Jane Zurnamer, directora de política del Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC) de Chicago expresó hoy a Efe su preocupación ante un posible cambio de posición sobre el tema de la Casa Blanca, que, según ella, aseguró durante meses, de manera extraoficial, que la ley PREA debía aplicarse a todas las personas reclusas.
"Este cambio de posición iría en contra incluso de una opinión legal del Departamento de Justicia", señaló.
Según el NIJC, la posición del Departamento de Justicia favorable a la aplicación de la ley en las cárceles de Inmigración fue declarada por el fiscal general, Eric Holder, en una reciente audiencia en la Cámara de Representantes.
La ley PREA requerirá la investigación oficial de denuncias de abuso sexual en cárceles y prisiones, implementará políticas para evitarlo y protegerá a quienes lo denuncien.
El NIJC ha afirmado que la violencia sexual es predominante en las cárceles y prisiones de los Estados Unidos, incluyendo los establecimientos de reclusión de indocumentados.
Y la negativa a aplicar la ley en estos centros, según NIJC, dejaría vulnerable a agresiones sexuales a unos 400.000 inmigrantes, refugiados y personas que buscan asilo y son detenidas todos los años.
El ICE aprobó nuevos estándares para las cárceles que alojan a indocumentados, pero al comparar los estándares que se aplican con la protección que daría la ley PREA, el NIJC dijo que aún le preocupan los derechos de los detenidos.
Por ejemplo, el ICE no crea medios adecuados para que un detenido pueda denunciar anónimamente un abuso, no establece procedimientos obligatorios específicos para conservar evidencias en investigaciones internas sobre abusos sexuales, ni implementa la forma de proteger de represalias a quienes presenten denuncias.
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