Piden reapertura de causa contra propietarios Agrolimen por indicios fraude

Barcelona, 5 nov.- La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que reabra la causa contra los seis hermanos Carulla, propietarios de la compañía Agrolimen, al considerar que hay indicios de que evadieron impuestos "disfrazándolo" mediante una operación de compraventa de acciones.

En su recurso, el ministerio público solicita la revocación del auto en el que el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona decidió archivar la causa por fraude fiscal abierta contra los Carulla, al concluir que los millones que se creen evadidos corresponden a una recolocación de fondos entre sociedades del grupo.

La investigación a la familia Carulla se inició hace casi dos años, ante las sospechas de que dejaron de tributar por 61 millones de beneficios a través de un operación de compraventa de acciones entre sociedades de su grupo, algunas con sede en países con tratamientos fiscales favorables.

En opinión de la Fiscalía, el caso Agrolimen se reduce a un reparto de dividendos entre los socios de la mercantil que "se disfraza de una operación de venta de acciones a una filial" con la finalidad de evadir impuestos.

El ministerio público resalta en su recurso que en la operación investigada el dinero de la sociedad Arborinvest sólo permaneció siete días en manos de Merimare -filial de Agrolimen con sede en Holanda-, por lo que se pregunta el sentido de esa transacción teniendo en cuenta que los dueños de una y otra sociedad son los mismos.

"¿...Qué sentido tiene involucrar a una sociedad holandesa que a a su vez es filial de una antillana, que a su vez es filial de una beliceña, y a su vez es filial de una costarricense pero cuyos dueños últimos son los mismos que los de las sociedades españolas? La respuesta a nuestro juicio resulta obvia. Evitar la aplicación del derecho español y más concretamente su legislación tributaria", añade el recurso.

Desde ese punto de vista, el fiscal Francisco Bañeres considera que las opiniones de los peritos o expertos sobre la transparencia fiscal internacional, en las que el juez basó su resolución de archivo, "resultan absolutamente superfluas".

La acusación pública reprocha también al juez que en su decisión de archivar la causa a la familia Carulla haya suplantado el papel del tribunal sentenciador, basándose exclusivamente en un informe pericial, y le recuerda que la instrucción no puede ser un enjuiciamiento anticipado del imputado.

Asimismo, el recurso de la Fiscalía rebate los argumentos del juez Josep Maria Miquel Porres, que consideró "ampliamente acreditada" la residencia de Jordi Carulla en Reino Unido, pese a que la Agencia Tributaria sospecha que el imputado tributó como no residente en España para eludir el pago de impuestos.

En ese sentido, el fiscal alega que en el ejercicio fiscal investigado, 2007, el imputado "mantenía dos residencias estables y permanentes en Barcelona y en Londres", y que no se le conocen otras actividades que las relacionadas con Agrolimen.