México, 10 abr.- La Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana pidió hoy sancionar a unos 25 jefes policiales por presuntas violaciones a los derechos humanos de más de un centenar de personas en las protestas del 1 de diciembre pasado durante la investidura de Enrique Peña Nieto.
El ombudsman capitalino, Luis González Plascencia, dio a conocer una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, luego de comprobar violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias.
En una rueda de prensa, González indicó que en el operativo realizado con motivo de la toma de posesión de Peña Nieto como presidente participaron 5.172 agentes y que entre los responsables hay aproximadamente 25 mandos policiales ya sea por acciones u omisiones.
Además, "hay una responsabilidad operativa para aquellos elementos que, en cumplimiento de esas instrucciones" actuaron con brutalidad policial y recurrieron a otros abusos.
Por ello, el organismo solicitó al Gobierno capitalino la presentación de una denuncia ante la fiscalía local en un plazo no mayor de 15 días para que investigue los delitos en que pudieron incurrir los mandos medios y superiores de la policía.
Los disturbios del 1 de diciembre causaron daños materiales, principalmente en el Centro Histórico de Ciudad de México y en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde se llevó a cabo la ceremonia de investidura.
Durante las protestas, que derivaron en choques violentos, la policía arrestó a 69 personas presuntamente implicadas en los disturbios, pero ocho días después una jueza ordenó la liberación de 55 por falta de pruebas.
Las 14 personas restantes salieron de la cárcel el 27 de diciembre mediante el pago de una multa, luego de que los legisladores de la capital reformaron el Código Penal para que el delito de ataque a la paz pública ya no fuera considerado grave.
Aunque los detenidos recobraron su libertad, "no debe quedar en la impunidad" ese hecho, aseguró González Plascencia.
"Los resultados de nuestra investigación demostraron que las autoridades de la Ciudad de México involucradas en los hechos de ese día actuaron de manera desorganizada y reaccionaron de manera notoriamente desproporcionada", afirmó.
Señaló que el 1 de diciembre se registraron 99 detenciones arbitrarias de personas "sin vinculación con los hechos imputados, ni en modo, tiempo o lugar".
La oficina del Defensor del Pueblo aportó pruebas sobre las violaciones "al derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la integridad personal, a la libre manifestación y a la protesta de 102 personas".
La investigación demostró distintos grados de brutalidad policíaca en seis casos en los que se infringieron múltiples golpes, vejaciones de connotación sexual, lesiones con dispositivos eléctricos y agresiones verbales, añadió.
El organismo recomendó al Gobierno capitalino implementar un proceso de reforma democrática de la policía, realizar un diagnóstico en torno a su estructura y marco normativo, además de modificar su diseño bajo el concepto de seguridad ciudadana.
El secretario de Seguridad Pública capitalino, Jesús Rodríguez, dijo que analizarán de manera detallada el informe del organismo para dar respuesta a las recomendaciones.
Aclaró que uno de los funcionarios denunciados por la Comisión, el subsecretario de Operación Policial, Luis Rosales Gamboa, continuará sus funciones de manera normal mientras se llevan a cabo las investigaciones internas que determinen si hay motivo de sanción.
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