El perito de Plus Ultra es claro: si la aerolínea no recibe la ayuda de 34 millones de euros que faltan para completar el rescate de 53 millones de euros, el agujero en caja ascenderá a 41 millones de euros. Así lo dice el informe pericial entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, para justificar la necesidad de que el crédito se transfiera, tal y como estaba previsto, para garantizar la viabilidad de la empresa. Dicho documento se aportó junto a un escrito de alegaciones en el que la defensa de la compañía aseguró que el traspaso de dinero no será ni utilizado "a su antojo" ni será un "fondo perdido".
El informe elaborado por un auditor de cuentas, al que ha tenido acceso La Información, afirma que gracias a que la aerolínea recibió el pasado mes de marzo los primeros 19 millones de euros contemplados en el rescate que le concedió el Fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha podido solventar el saldo negativo que iba arrastrando, permitiéndole así mantener la "caja de seguridad de entre ocho y diez millones de euros" que se había planteado en la solicitud de la ayuda.
Así, tras constatar que la ayuda es necesaria para "operar con holgura financiera", el experto señala que de no haberse desembolsado esta primera fase del préstamo, así como la parte que aún queda pendiente, la tesorería quedará en números rojos, llegando a alcanzar en enero de 2022 más de 41 millones de euros. Es más, el perito refleja en un cuadro que el saldo de caja en enero de este año era de 790.000 euros, cantidad que empezó a menguar al mes siguiente, cuando ya se reflejaron pérdidas, las cuales se controlaron gracias al abono de 19 millones de euros. Así, dicho gráfico marca que la tendencia positiva se podría mantener siempre que se reciban los 34 millones de euros que quedan pendientes, cerrando el ejercicio en 11,49 millones de euros (en enero de 2022).
Asimismo, el perito hace especial hincapié en que una vez entrada la primera parte del crédito en marzo, los flujos de caja negativos fueron "más fuerte" en los siguientes meses "no porque se hayan producido "pérdidas abultadas", si no por el pago demorado a acreedores. En concreto, el documento detalla que 13,96 millones de euros se destinaron al pago a deudas por la prestación de servicios y a operaciones de la explotación de negocio; otros 2,78 millones para la mejora de la posición de la tesorería de la compañía; y los 2,26 millones de euros restantes para el "resto, pagos de intereses y financiaciones a corto e inversiones".
"Sin la ayuda pública percibida por importe de 19 millones de euros, los principales perjudicados de la estrechez de fondos habrían sido los acreedores de la explotación del negocio", concluye el informe, que advierte de que seguirán siendo estos, además de los clientes que no podrán disfrutar de los vuelos ya comprados, los principales afectados en caso de que no rematar el rescate, ya que suponen el 80 por ciento del pasivo de la compañía, según los dos últimos ejercicios contables cerrados. El informe, además de hacer una comparativa con otras aerolíneas, incluye que hasta el 30 de junio de 2021 Plus Ultra ha cobrado por anticipado 22, 1 millones de euros en billetes, aunque precisa que corresponde a la política de entrega de bonos para compensar con futuros vuelos por aquellos que fueron cancelados por efecto de la covid-19.
Una desviación mínima
Así las cosas, la principal conclusión del perito que plasma en su informe es que "el desembolso pendiente de la ayuda SEPI resulta de utilidad y sólo si Plus Ultra sigue operando en el mercado". Con todo ello, el experto en cuentas subraya que la inyección de 19 millones de euros ha coincidido con la previsión de necesidad de caja mensual planteada en la solicitud de ayuda a la SEPI, desviándose únicamente en 550.000 euros, por lo que se entiende que queda constatado que serán necesarios los 34 millones de euros siguientes, tal y como se habían fijado.
El traspaso de los 34 millones de euros estaba previsto que se realizara el pasado 28 de julio, si bien tras la comunicación dos semanas antes por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, de que iba a proceder a la gestión, la juez instructora de Madrid decidió paralizarla de manera cautelar debido a que el propio rescate en sí está siendo investigado judicialmente. No obstante, la magistrada dio a Plus Ultra cinco días de plazo para que acreditara la necesidad de recibir dicha ayuda para garantizar la estabilidad de la compañía, algo que la empresa realizó en tiempo presentando este informe y un escrito de alegaciones.
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