Plus Ultra ha presentado ante la juez de Madrid Esperanza Collazos los documentos que justifican la necesidad de recibir los 34 millones de euros que faltan para completar el rescate que le concedió el Fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En su escrito de alegaciones, la aerolínea señala que este préstamo participativo, cuyo importe total es de 53 millones de euros, no es un "fondo perdido" puesto que está sujeto a devolución. Asimismo, asegura que el contrato suscrito para la ayuda contempla "exhaustivos mecanismos de control" que garantizan que la compañía no puede disponer del dinero "a su antojo, a partir de los que pudieran enriquecerse sus socios, administradores o personas vinculadas a éstos".
De este modo, Plus Ultra busca que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid desbloquee la ayuda que estaba prevista que se transfiriera este miércoles. La magistrada, a instancia de las acusaciones populares ejercidas por PP y Vox, y con el visto bueno de la Fiscalía, acordó el pasado 22 de julio paralizar de manera cautelar el traspaso de los 34 millones de euros que estaban pendientes, debido a que el rescate en sí está siendo objeto de investigación. En este sentido, dio cinco días a la aerolínea para que acreditara la importancia que tiene recibir dicha cuantía para la viabilidad de la aerolínea, que está participada en casi un 48 por ciento por un empresario vinculado al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Así, además de aportar un informe pericial sobre sus cuentas, el escrito, al que ha tenido acceso La Información, hace especial hincapié en que la ayuda no es "una entrega de fondos para que la compañía disponga de ellos a su antojo, a partir de los que pudieran enriquecerse sus socios, administradores o personas vinculadas a éstos, sino que tienen asignados unas finalidades bien definidas que se corresponden con las necesidades de la actividad productiva de la compañía cuyo cumplimiento se asegura por los exhaustivos mecanismos de control previstos en los contratos en los que articula el apoyo financiero".
"Con la liberación del desembolso del importe al que asciende el préstamo participativo acordado, no se estaría procediendo a un regalo de fondos públicos sin criterio alguno, sino la materialización de un préstamo que ha de ser destinado para los fines previstos y devuelto en el horizonte temporal fijado en el Plan de Viabilidad que justificó su concesión", continúa el documento firmado por el abogado Francisco Javier Ibáñez. En el mismo, el letrado defiende que los mecanismos de control contemplados en el contrato garantizan que la SEPI o el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) haga un exhaustivo "monitoreo" del destino que se otorgue al dinero prestado, así como a la evolución de la aerolínea y al cumplimiento de su plan de viabilidad.
Control a tiempo real
De ese modo, la defensa de Plus Ultra indica que se estaría controlando "en tiempo real, con reportes mensuales y justificaciones mensuales" que el crédito se dedica exclusivamente a las necesidades habituales de la compañía y recalca que en caso de incumplimiento "la SEPI puede apropiarse de forma inmediata no solo del control, sino de la propiedad de la compañía". Para el abogado estos argumentos son suficientes para afirmar con rotundidad que el desembolso de la parte del rescate que resta "no se está poniendo en riesgo alguno de menoscabo de los fondos públicos".
A lo largo de 15 folios, la defensa de la aerolínea recuerda que el importe, el plazo de devolución y la finalidad del préstamo "no fue fijado de forma caprichosa o aleatoria", sino que tenía su base en las necesidades financieras expuestas en el expediente administrativo tramitado ante el FASEE, que dio lugar a la Resolución del Consejo de Ministros del día 10 de marzo de 2021 por la que se aprobó la ayuda a la aerolínea para paliar las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus. En este sentido, se otorgó un préstamo ordinario por importe de 19 millones de euros -que la compañía ya ha recibido- a devolver en un plazo de cinco años; y un préstamo participativo de 34 millones de euros -ahora mismo bloqueado-, cuya devolución debe efectuarse en un plazo de siete años.
Para concluir, Plus Ultra recuerda en su escrito que este lunes el Tribunal de Cuentas archivó la denuncia interpuesta por Ciudadanos sobre este mismo rescate, al considerar que el préstamo "no ocasiona perjuicio económico alguno a los fondos públicos". Así, la defensa subraya que es "tremendamente ilustrativo" que el órgano fiscalizador haya determinado que el procedimiento de concesión del apoyo financiero que se está analizando judicialmente "ha sido llevado a cabo con plena regularidad" y que los préstamos concedidos "no han dado lugar, en modo alguno a ningún menoscabo de las arcas del Estado". Con todo ello, además de ponerse a disposición del juzgado si considera que lo presentado para justificar la necesidad de recibir el crédito pendiente, pide a la magistrada que archive la causa.
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