La jueza que dirige las diligencias previas de la querella por el caso Plus Ultra, Esperanza Collazos, revisará con los responsables de la compañía todos los términos del plan con el que SEPI justificó los 53 millones de ayuda para corroborar que “las cosas no se hicieron sin mirar nada” y deducir si hay “sustrato” como para acusar a algunos de los pesos pesados del Consejo del organismo que tomaron la decisión de prevaricación, malversación de fondos públicos y hasta un posible delito de fraude en las subvenciones, según explican fuentes jurídicas cercanas al caso. Desde la compañía admiten que están preparando todos los documentos necesarios para demostrar que la segunda parte de la ayuda, el crédito de 34 millones que el juzgado ha paralizado este jueves, se va a destinar realmente a lo que se dice en el proyecto que avaló la concesión, y hasta qué punto se comprobaron tales extremos desde la SEPI antes de que sus consejeros firmaran la aprobación del expediente.
Una vez que la empresa entregue toda la documentación que se está preparando se iniciará un proceso amplio de investigación para comprobar la veracidad y consistencia de cada una de las actuaciones a las que se va a destinar el dinero público que se les presta y que deberán devolver en el plazo establecido para ello. La SEPI siempre ha explicado que las previsiones de negocio de la empresa, calculadas sobre las que tenía en plena actividad antes de la pandemia, garantizaban la concesión de los 53 millones con opciones de que pudieran ser recuperados lo antes posible, tal y como establece el reglamento del fondo de ayuda. Una vez comprobados los documentos, la jueza decidirá primero si abre paso a la subvención o no y, después, si continúa con la investigación abierta por ver indicios de que se haya cometido algún delito o decide su archivo porque no hay base para ello. En cualquier caso, las fuentes judiciales consultadas advierten que ambas decisiones pueden influir una en la otra, pero son independientes entre sí.
La jueza abrió diligencias para investigar el rescate de Plus Ultra el pasado mes de abril tras admitir la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra el entonces presidente de la SEPI, Bartolomé de Lora, y los miembros del Consejo de Administración del holding público por la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos. Poco después se sumaron las querellas de los partidos PP y VOX, que acusan también de otros delitos como contra la Hacienda Pública o fraude de subvenciones. Las querellas apuntaban a todo el consejo de administración de la SEPI que había corroborado en ese momento el expediente de Plus Ultra, en el que se encontraban hasta cinco secretarios de Estado, varios subsecretarios y directores generales y otros algos cargos de la entidad y la administración.
Si hacemos caso al escrito que este mismo jueves ha enviado al juzgado la Abogacía del Estado para defender la necesidad del préstamo otorgado a la línea aérea venezolana, su defensa se centra ahora en cinco de esos altos cargos, que no dejan de ser parte del núcleo duro del área económica del Gobierno, como el propio expresidente del holding, Bartolomé de Lora; la exsecretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva -recientemente nombrada presidenta de Patrimonio Nacional-; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria, Raül Blanco; y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
Varapalo político en ciernes
Más allá de la postura de la Abogacía del Estado, fuentes políticas consultadas cercanas al Gobierno advierten que ahora todo el peso de este caso está en manos de la empresa, toda vez que entienden que las previsiones de actividad que presentó Plus Ultra y que obran en manos de la jueza justifican la concesión de la ayuda. Desde el ámbito jurídico penal se alerta no obstante de que estamos ante un proceso que delimita la responsabilidad personal de los implicados y cuyas posibles consecuencias con más graves en en los procedimientos administrativos que suelen producirse en el sector público. Si la jueza encontrase incongruencias importantes entre lo expuesto por la SEPI y los planes de la compañía -explican-, o entendiese que existe un riesgo alto de que las ayudas prestadas no van a poder recuperarse en la forma y el tiempo previstos, puede llamar a declarar como imputados a los altos cargos investigados en la causa y provocar un varapalo muy importante en los ministerios de los que dependen, a apenas un mes de la renovación del Gobierno.
Cabe recordar que el auto de la jueza Collazos acordó suspender cautelarmente la segunda parte del rescate a la compañía área no sólo porque existe una causa judicial que investiga dicha ayuda, sino también para evitar que desde el Gobierno se haga una “entrega no justificada que suponga el menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”. Al mismo tiempo, se avisa a los miembros del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, que se abstengan en realizar cualquier acto que suponga saltarse la prohibición temporal impuesta, apercibiéndoles de que el incumplimiento puede dar lugar a nuevas medidas cautelares e incluso a “otras responsabilidades criminales”.
La instructora adopta esta decisión con el apoyo de la Fiscalía de Madrid, en cuyo informe resalta la importancia de que la aerolínea tiene que explicar la necesidad de recibir esos 34 millones de euros, debido a que la causa abierta al respecto “no solo se investigan presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, como prevaricación o malversación de caudales públicos, sino un presunto delito de fraude de subvenciones”. Por el momento, la magistrada instructora solo ha pedido la práctica de una extensa batería de diligencias, entre las que se encuentran el expediente de tramitación de la ayuda o el acta de titularidad de las acciones de la compañía.
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