La Paz, 8 feb.- Bolivia vive esta semana una polémica sobre el derecho de autoridades electas opositoras depuestas en los últimos dos años a recuperar sus cargos, después de que varios artículos de una ley usados para esas destituciones fueran declarados inconstitucionales.
El Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, cuyo partido promovió desde el 2010 la suspensión de varios alcaldes y gobernadores opositores en municipios y departamentos, defiende que el fallo del Tribunal Constitucional no tiene aplicación retroactiva, mientras que la oposición ve abierta una puerta para exigir las restituciones.
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, declaró hoy a la radio estatal que las destituciones fueron procedimientos administrativos por lo que es "imposible que haya retroactividad", ya que la Carta Magna, a su juicio, no respalda una decisión en ese sentido.
También rechazó que los concejos municipales o las asambleas departamentales puedan analizar de forma automática y oficiosa los casos de restitución si quienes fueron afectados no lo solicitan.
La decisión del Tribunal Constitucional anula los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley de Autonomías que permitían la suspensión de una autoridad si un fiscal presentaba una acusación formal simple en su contra por supuestos actos de corrupción.
Los artículos anulados contradecían la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución, en la que se establece que las autoridades electas en las urnas solo puede ser suspendidas si en su contra hay una "sentencia ejecutoriada" o definitiva.
Para los opositores, el procedimiento siempre fue un atentado contra el mandato de las urnas y una revancha de Morales contra quienes derrotaron a su partido en municipios o regiones, lo que permitió la suspensión de sus cargos de un centenar de autoridades.
Peña reiteró que el espíritu de la norma fue proteger los fondos municipales y departamentales de posibles actos de corrupción, pero con una suspensión temporal que obligaba a la autoridad depuesta a ser la principal interesada en aclarar la denuncia en su contra.
El jueves, un día después de conocida la sentencia, el alcalde destituido de Potosí, el opositor René Joaquino, fue aclamado por sus seguidores y volvió a hombros al cargo avalado por una decisión de seis contra cinco votos de los concejales.
"El caso de Potosí es un ejemplo interesante para la democracia del país pero también un ejemplo de respeto a la legislación, un mensaje de unidad", dijo Joaquino, destituido por haber comprado vehículos usados para el municipio para ahorrar.
El argumento de la acusación fue que la normativa no admite la compra de materiales de "segunda mano".
Joaquino nunca llegó a renunciar a su cargo como hicieron otras autoridades como el alcalde opositor de Sucre Jaime Barrón y quien fuera el gobernador de Beni, Ernesto Suárez.
Otro caso relevante fue la destitución del gobernador del departamento sureño de Tarija, Mario Cossío, uno de los más férreos opositores a Morales.
Cossío denunció una persecución política en su contra y está asilado en Paraguay.
El partido que le respalda, el opositor Convergencia Nacional, anunció que sus asesores legales estudian los pasos a seguir para un posible regreso a Bolivia del gobernador depuesto.
Mientras, el gobernador opositor de la región de Santa Cruz, Rubén Costas, también afronta denuncias de parte del oficialismo, pero tras el fallo del Constitucional ya no corre riesgo de ser depuesto.
El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) deseó hoy, en un mensaje en su cuenta de Twitter "éxito en este periodo de gestión" a Joaquino y consideró "justo" su "retorno al lugar del que nunca debió haber salido".
El opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) afirmó en un comunicado que el fallo sí es retroactivo porque se trata de una decisión en materia penal, al contrario de lo que sostiene Peña.
"Estamos frente a una sentencia constitucional que tiene fuerza de ley inexcusable y que tiene aplicación retroactiva de acuerdo al mandato constitucional", dijo el jefe del MSM, Juan del Granado.
La presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Betty Tejada, dejó en manos de los órganos municipales y departamentales la decisión de restituir o no a las autoridades suspendidas, con el ejemplo de lo ocurrido en la ciudad de Potosí con Joquino.
El Constitucional no se pronunció sobre casos concretos pero en la práctica también dejó la responsabilidad de la decisión en los tribunales, las alcaldías y las gobernaciones departamentales.
El fallo, que supone un varapalo para el Gobierno, también es una prueba de que los magistrados actúan con independencia del Poder Ejecutivo, dijeron hoy Peña y Tejada.
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