La policía no puede determinar quién disparó en el club 'Las Vegas', donde todo ocurrió "muy rápido"

La policía no ha podido determinar quién efectuó los disparos que se realizaron en el club 'Las Vegas' de Medina del Campo (Valladolid) que acabaron con la vida de Mariano Esteban G, titular del establecimiento, y de una camarera el 5 de octubre de 2014.

Así lo han asegurado el responsable del Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid y el agente encargado de la instrucción de la investigación, que han declarado como testigos y peritos en la cuarta sesión del juicio por el crimen cometido en el lupanal por el que cuatro personas se sientan en el banquillo de los acusados.

Durante su declaración, los agentes han explicado que las pruebas no permiten determinar quién fue el autor material de los cinco disparos que se efectuaron con una misma pistola en el club de alterne, cuatro de ellos sobre las personas fallecidas y otro hacia una de las testigos que huía y escapó del establecimiento.

Los agentes han detallado las diferentes investigaciones llevadas a cabo sobre los móviles de los acusados y otras pruebas que sitúan tanto a Manuel M.M. y a Antonio Adrián B.R. en el interior del local y a María Vicenta P.P. en el exterior del mismo --tampoco se puede determinar si acudió a Madrid a comprar el arma usada--, aunque sin que se le pueda atribuir papel alguno en los hechos.

A pesar de que no se ha podido determinar la autoría de los disparos, algo tampoco aclarado por los testigos presenciales, los policías, que han asegurado que ni siquiera se sabe si fue "primero uno y después el otro", sí que han señalado que el manejo del revólver marca Walter utilizado requería de unos "mínimos conocimientos" para su uso.

En el local se recogieron cinco casquillos percutidos, cuatro de los cuales impactaron en los dos fallecidos y un quinto en una puerta junto al distribuidor por el que escaparon las tres mujeres testigos de los hechos, que el jefe del Grupo de Homicidios de Valladolid ha asegurado que "salvaron la vida" porque lograron salir. "Si no, hubieran muerto también", ha asegurado convencido el agente, quien ha recordado que una de las testigos manifestó haber oído un disparo que impactó cerca al huir y que pensaba que iba dirigido a ella.

Las tres se encontraban "muy asustadas" tras lo ocurrido y en estado de "shock", ha relatado el responsable de Homicidios, quien se entrevistó con las tres por separado la noche del 5 al 6 de octubre para intentar esclarecer los hechos, que ocurrieron de manera "muy rápida", entre las 20.40 y las 20.45 horas.

Además de estos datos y, según el análisis de los móviles, llamadas y mensajes enviados, los agentes han determinado que había un "concierto previo" entre Antonio Adrián B.R. y Manuel M.M. para solucionar el "problema" de la supuesta deuda que el titular del club, Mariano Esteban G, tenía con el segundo por la compra de una cantidad de droga.

Así, según los agentes, los dos individuos acudieron a Fuenlabrada (Madrid) para comprar una pistola y luego, con la intención de "ventilar" la supuesta deuda, a Medina del Campo, donde acabaron con la vida de la camarera y el dueño del club. Posteriormente, lograron vender y deshacerse así del arma, que no se ha logrado encontrar.

REANUDACIÓN DEL JUICIO

El juicio se ha reanudado este viernes después de que se suspendiera la sesión prevista para el jueves por el fallecimiento del suegro del fiscal del caso.

Tras la sesión celebrada este viernes, previsiblemente, los informes definitivos de las partes serían expuestos el próximo lunes y al día siguiente los miembros del jurado recibirían el objeto del veredicto.

Con carácter provisional, tanto el fiscal como las dos acusaciones particulares coinciden en la calificación jurídica de los hechos--consideran que ambas muertes constituyen delito de asesinato--y en la petición de pena para los encausados, en concreto 20 años de prisión por cada muerte y otros dos más por tenencia ilícita de armas para el matrimonio compuesto por Manuel M.M. y María Vicenta P.P. y el vecino de Madrid Antonio Adrián B.R, con lo que cada uno de ellos podría ser condenado a un total de 42 años de privación de libertad, mientras que para el cuarto, Pablo A.L, interesan dos años por encubrimiento.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita que los tres primeros acusados indemnicen a cada una de las tres hijas del hostelero fallecido con 75.000 euros y con otros 50.000 a su viuda, así como con otros 75.000 a cada uno de los dos hijos de la camarera rumana que encontró la muerte dentro del club.

Por su parte, el letrado del hostelero reclama 90.000 euros de indemnización para cada uno de sus tres hijos y su esposa, así como otros 50.000 por daños y perjuicios, mientras que la representación legal de la camarera interesa 70.000 euros para la madre y 90.000 para cada uno de los dos hijos menores de la fallecida.