Policía violó DD.HH. en protestas contra ley en Panamá, según Defensoría

Panamá, 1 nov.- La Policía panameña violó derechos humanos y los protocolos de contención de manifestaciones durante las protestas contra una ley para privatizar la Zona Libre de Colón, que ya fue derogada, que dejaron tres muertos y decenas de heridos, dijo hoy la Defensoría del Pueblo.

En un informe presentado este jueves sobre los sucesos en Colón, la Defensoría da cuenta de que en medio del conflicto se registraron actos de vandalismo y saqueos, y que "grupos ajenos" al movimiento civil que legítimamente protestaba atacó con armas de fuego a las fuerzas de seguridad.

El organismo señaló que la Policía Nacional incurrió en una "falta de utilización de protocolos y de una correcta aplicación de la reglamentación para la contención de manifestaciones públicas".

"La fuerza pública utilizó armas de fuego (...) toda vez que" en las protestas "se habían infiltrado grupos ajenos que disparaban" contra los agentes de seguridad, quienes respondieron disparando "al torso y rostro de un grupo tan variado de personas", argumentó la Defensoría.

Añadió que "bajo el pretexto del toque de queda" dictado por el Gobierno regional las fuerzas policiales "aprehendían" a ciudadanos y menores de edad e incurrieron en "violaciones al debido proceso y vulneraciones a las libertades individuales".

El informe de la Defensoría confirmó que el conflicto, que se prolongó 10 días y afectó gravemente a Colón y también, aunque en menor medida, a la capital panameña, dejó tres muertos, incluido un niño de 10 años, y 48 heridos, 32 por arma de fuego y 16 por perdigones.

Trece agentes policiales resultaron heridos, añadió el informe de la Defensoría del Pueblo sin precisar la naturaleza de esas lesiones, que según la Policía fueron por disparos en al menos seis casos.

"Tiene que haber una investigación" sobre las muertes, reiteró este jueves la defensora del Pueblo, Patria Portugal, al insistir en la necesidad de que se castigue a los responsables.

Las protestas obligaron al Gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, a derogar el domingo pasado la llamada Ley 72 que permitía vender terrenos de la zona franca de Colón, la segunda más importante del mundo después de Hong Kong.

Los sectores opuestos a la Ley 72 acusaban una inaceptable pérdida patrimonial del Estado, mientras que el Gobierno señalaba que la norma permitiría recabar millonarios recursos para el desarrollo de la región.

Martinelli acusó el domingo a la oposición de haber azuzado el conflicto, con el argumento de que supuestamente promovió la "inestabilidad" buscando "su propio interés, creando más violencia e incertidumbre".

El opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentó ayer ante la Fiscalía una acusación penal contra el ministro de Seguridad, José Mulino, y el jefe de la Policía Nacional, Julio Moltó, por supuestas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.

El Gobierno panameño ha anunciado que el próximo miércoles iniciará una ronda de diálogo con las fuerzas vivas de Colón para diseñar un plan de desarrollo para esa región.