Marina Villén
Port Said (Egipto), 8 mar.- La ciudad egipcia de Port Said aguarda, entre la ira ante la marginación que siente y la euforia por la retirada de la policía de sus calles, la sentencia definitiva por la masacre en el estadio, que se conocerá mañana, sábado.
Tras una semana de graves disturbios y casi un mes de desobediencia civil, en el centro de la ciudad, a orillas del Mediterráneo junto al canal de Suez, son visibles las huellas de los últimos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La llamada plaza de los Mártires fue testigo hoy de una nueva concentración de miles de personas que exigieron justicia para los fallecidos en los recientes choques, que con la muerte anoche de otro joven ya se elevan a siete en una semana.
Los manifestantes se apostaron frente a la sede regional del ministerio del Interior, que fue incendiada parcialmente hace cuatro días y está custodiada por decenas de efectivos de las Fuerzas Armadas apoyados por varios blindados, según pudo constatar Efe.
Un general de las Fuerzas Armadas se acercó a los manifestantes rodeado por otros militares para anunciar que la policía había abandonado sus puestos y que era el Ejército el que pasaba a asumir el control de la seguridad en la ciudad.
Estas palabras, unidas a las promesas de retorno de la estabilidad, fueron recibidas con entusiasmo por los presentes que corearon la clásica frase de la revolución de 2011 "el pueblo y el Ejército son una sola mano".
Con el sentimiento de victoria a flor de piel, decenas de jóvenes circularon por la plaza en moto haciendo sonar sus bocinas, mientras que otros ciudadanos se afanaron en retirar los escombros de la batalla campal que rodean la sede policial.
La mayoría de las voces en Port Said se alzaron contra las fuerzas de seguridad y el presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, a quien culpan de la discriminación e injusticia que consideran se ha abatido sobre la ciudad.
"La gente de Port Said no somos 'baltaguiya' (matones) y las manifestaciones eran pacíficas hasta que fueron reprimidas por la policía", dijo a Efe la funcionaria Fahueya Taha, quien subrayó que todos los habitantes de la ciudad están unidos por "los mártires" y los procesados por la masacre del estadio.
Esta previsto que mañana un tribunal pronuncie en El Cairo el veredicto contra 52 acusados por dicha masacre, en la que murieron 74 personas en febrero de 2012 en los choques en el estadio entre los ultras del equipo cairota Al Ahly y el local Al Masry.
Esa misma corte ya sentenció el pasado 26 de enero a otros 21 implicados en estos incidentes a pena de muerte, en una condena que desató graves disturbios en Port Said que se saldaron con unos cuarenta muertos.
El abogado de trece de los procesados, Ashraf al Azaby, expresó a Efe su desconfianza en el fallo de mañana, que, en su opinión, será "injusto y desequilibrado".
Junto a la mezquita de Mariam, donde hoy se celebraron los multitudinarios funerales de tres de los fallecidos en los últimos días, el letrado denunció un juicio mediático en esta causa que ha fomentado "un clima de exclusión social y política en Port Said".
Al Azaby afirmó que los acusados son inocentes y no hay pruebas concluyentes contra ellos, y que el veredicto está diseñado para "aplacar a los ultras del Al Ahly".
Los hinchas del club cairota han provocado el caos en las calles de la capital esta semana antes de la sentencia para presionar por unas condenas ejemplares, al igual que ya hicieron previamente al primer fallo.
Lo que une a los ultras y manifestantes de ambas ciudades es su rechazo a Mursi y los Hermanos Musulmanes, así como al ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, del que exigen su renuncia.
Esta demanda ha sido secundada por los oficiales y policías de decenas de comisarías en todo el país, que se han declarado en huelga en las últimas 48 horas para exigir que no se les involucre en los conflictos políticos.
Ante esta situación, el ministro egipcio del Interior, Mohamed Ibrahim, destituyó hoy al jefe de las Fuerzas de la Seguridad Central (antidisturbios), Maged Noh, y nombró en su lugar al general Ashraf Abdalá.
La huelga ha afectado también a cinco comisarías de Port Said, cuyos agentes buscan con este acto exigir reformas en el ministerio del Interior y mostrar su solidaridad con los vecinos de la ciudad mediterránea.
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