"Yo les puedo decir que no recibí ningún centavo, y menos de esa estructura fraudulenta que estuvo prácticamente robando el dinero de los guatemaltecos", dijo Pérez este lunes en una rueda de prensa, en la que negó cualquier participación en la estructura llamada "La Línea", que cobraba sobornos para permitir evadir impuestos.
Vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata celeste, Pérez afirmó ante un centenar de periodistas que se mantendrá firme en la presidencia, pese a la recomendación de instituciones estatales jurídicas para que renuncie, y las multitudinarias marchas en las que la población clama por su salida.
"Me siento completamente tranquilo", aseguró el mandatario, cuya conexión con la estafa radica en una escucha telefónica en la que ordena cambios de personal en la entidad recaudadora de impuestos, y que se han interpretado como una injerencia para facilitar la operación ilícita.
El gobierno de Pérez se encuentra en el ojo del huracán luego de que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, descubrieron en abril pasado la red de sobornos en las aduanas que involucraba a altos funcionarios.
La crisis empeoró el pasado 21 de agosto cuando Pérez fue señalado como uno de los cabecillas del fraude y fue arrestada su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo por el escándalo.
Tras la denuncia contra Pérez, el pasado sábado una comisión especial del Congreso recomendó retirarle la inmunidad para que sea investigado penalmente.
Para votar si se levantan los fueros a Pérez, el Congreso llamó a una sesión plenaria para la tarde del martes. Para levantar la inmunidad presidencial, se necesitan como mínimo el voto de 105 de los 158 diputados.
Poco antes de dirigirse a los periodistas, el abogado de Pérez, César Calderón, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, para detener el proceso legislativo que busca retirarle la inmunidad.
Pérez sostiene que la recomendación de la comisión del Congreso de quitarle la inmunidad es "incorrecta y apresurada" porque no tomó en cuenta los alegatos de la defensa.
Con el proceso que podría quitarle la inmunidad en marcha y el panorama de más protestas, la incógnita que se mantiene en torno a Pérez es si llegará a entregar la banda presidencial al ganador de las elecciones del 6 de septiembre. Ello debería ocurrir el próximo 14 de enero, cuando finaliza su periodo de cuatro años.
El analista político José Carlos Sanabria explicó a la AFP que la intención del presidente es ir "ganando tiempo" para que la autorización de ser sometido a proceso penal se postergue, aunque consideró que la justicia lo alcanzará durante su mandato.
"El presidente está ganando tiempo, pero está en una situación muy complicada en este momento y en mi perspectiva no llegará al 14 de enero, saldrá antes, pero eso depende mucho de cuánto avancen los procesos", afirmó el experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
Según la ley guatemalteca, el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.
En opinión de Sanabria, Pérez soporta los embates de sus detractores apoyado en una "evidente alianza" entre el gobernante Partido Patriota y el también derechista partido Libertad Democrática Renovada (Líder).
Sanabria coincide con varios analistas y sectores sociales que han alertado sobre la posibilidad de que ambos partidos utilicen influencias para entorpecer los procesos judiciales en beneficio de Pérez.
Pese a ello, el candidato del derechista Líder, Manuel Baldizón, favorito en las encuestas para ganar las presidenciales del 6 de septiembre, rechazó el domingo esas versiones y alentó al Congreso a quitar la inmunidad a Pérez.
ec/hma/mas/jb/nn
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios