Con la evidencia, la Fiscalía General y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala presentaron a los tribunales un pedido de antejuicio contra el mandatario para que pueda enfrentar la justicia por los delitos de asociación lícita y cohecho pasivo.
"Hasta el momento de hoy encontramos en toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti", afirmó el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, en una rueda de prensa junto a la fiscalía.
Precisó que intervenciones telefónicas realizadas como parte de las investigaciones incluían referencias a "el uno" y "la dos", que corresponderían a la participación de Pérez y Baldetti en el esquema que cobraba sobornos para evadir el pago de impuestos aduaneros.
Poco después el mandatario aseguró que dará "la cara" para responder a las acusaciones.
"Tenemos que enfrentar la situación, estamos dando la cara y vamos a seguir dando la cara, tenemos que conocer cuáles son las situaciones y en su momento tenemos que pronunciarnos", dijo Pérez a periodistas en el departamento de Zacapa, unos 170 km al este de la capital.
Evitó de todas formas profundizar sobre el tema al indicar que desconocía la acusación y tampoco respondió al ser consultado sobre si renunciará al cargo por la denuncia.
El sismo político por las acusaciones contra el gobernante se da a tres semanas de que los guatemaltecos acudan a las urnas en las elecciones generales del próximo 6 de setiembre.
La investigación de esta estructura criminal empezó en mayo de 2014 e incluyó 86.000 sesiones de escuchas telefónicas, la principal prueba contra los implicados.
Los entes acusadores en un principio indicaron que el líder de la organización era Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de la exvicepresidenta Baldetti, quien se encuentra prófugo.
Baldetti, quien renunció al cargo el 8 de mayo por el escándalo, fue detenida la mañana del viernes en una clínica privada y en horas de la noche fue remitida a un cuartel militar de la capital acomodado como prisión para reos de casos de alto impacto.
Baldetti fue trasladada por policías en un vehículo particular al cuartel Matamorros, en el centro de la capital, y en todo el trayecto se cubrió el rostro con una frazada celeste.
En tanto, miles de guatemaltecos con banderas nacionales se congregaron espontáneamente en la plaza central de la capital para celebrar la detención de Baldetti y exigir la renuncia del presidente.
Pérez ha descartado dejar el cargo e insiste en entregarlo cuando termine su mandato el próximo 14 de enero.
La orden de detención contra Baldetti fue emitida por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
En horas de la mañana, luego que fuera detenida en el Centro Médico llegaron decenas de personas para expresar su satisfacción por la captura y quemaron petardos, mientras automovilistas que pasaban por el lugar sonaban sus bocinas para celebrar la detención, observó un fotógrafo de la AFP.
"Ladrona" y "corrupta" gritaban los indignados por los escándalos en el gobierno.
Pérez está inmerso en una crisis política sin precedentes tras el desmantelamiento de la red de defraudación aduanera el pasado 16 de abril.
Sin embargo, el Congreso rechazó el 13 de agosto levantar su inmunidad para que pueda enfrentar a la justicia por el caso.
Para el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, Guatemala se expone a enfrentar una situación de convulsión social si las autoridades ignoran el clamor social de enfrentar la corrupción.
"Ojalá que la clase política entienda el mensaje porque si no se entiende el mensaje y se juega al cansancio de la gente hay enormes riesgos que la convulsión crezca y tengamos consecuencias insospechables", dijo el magistrado a periodistas.
La detención de Baldetti se da un día después que la Fiscalía y miembros de la Cicig allanaran la residencia de la exvicepresidenta en busca de evidencias del fraude multimillonario en las aduanas que mantiene en vilo al gobierno.
Además, Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio, ya había ordenado el embargo de cuentas bancarias y de unas ocho propiedades de Baldetti, que incluye una finca con caballeriza.
Ese mismo juzgado también ordenó el embargo de otras propiedades del esposo de la exvicepresidenta, Mariano Paz.
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