El primer juicio del caso Pitiusa se salda con cuatro años de cárcel para un detective

El primer juicio derivado de la macrooperación contra el tráfico de datos, conocida como Pitiusa, se ha saldado con una condena de cuatro años de cárcel para un detective privado barcelonés, Francisco Javier V., por revelación de secretos de datos sanitarios en calidad de inductor.

Según la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado escribió un correo el 11 de abril de 2012 al también detective Jordi A. para pedirle información sanitaria de un paciente, a sabiendas de que este iba a acceder de forma no autorizada a estos datos sanitarios.

Aunque Jordi A. era el principal acusado de la trama, y se enfrentaba a 108 años de cárcel, la Audiencia decidió ya en el juicio celebrado en mayo archivar la causa contra él por sus graves problemas de salud; según la acusación de la Fiscalía, éste accedía a historiales médicos de pacientes del sistema público tras el encargo de otros detectives de quienes cobraba.

En este caso, Jordi A. remitió a Francisco Javier V. la información solicitada por correo electrónico al día siguiente y, aunque se desconoce el fin que Francisco Javier V. dio a estos actos, se sabe que pactó pagarle 400 euros, en dos partes: la primera al inicio y la segunda una proporcionados estos datos.

Cuando la Policía se puso en contacto con la víctima durante la investigación del caso confirmó que la información se había adquirido sin su consentimiento y que se sentía perjudicado por la utilización de sus datos sanitarios.

Francisco Javier V. entre julio de 2011 y abril de 2012 también obtuvo --a través del mismo detective, mismo procedimiento y el pago de cantidades similares-- información médica de otras nueve personas, que no han sido localizadas y que no formularon denuncia.

Precisamente, por no haber denuncia previa, el tribunal ha decido absolver a Francisco Javier V. de estos nueve casos y condenarlo únicamente por el primero, pese a que se enfrentaba a los 40 años de cárcel que pedía la Fiscalía.

Lo mismo ha ocurrido con otro de los investigados, José C., que se sentó en el banquillo de los acusados por cuatro delitos de revelación de secretos; el tribunal lo ha absuelto de todos los cargos por no haber denuncias previas cuando, en su caso, se enfrentaba a 16 años de cárcel.

José C. encargó a Jordi A. llamar a sendo médicos de El Rosario (Tenerife) y de Sagunto (Valencia) haciéndose pasar por un médico de los servicios de valoración de incapacidades y contactar con dos doctores para solicitarles información de dos pacientes; además, por correo electrónico consiguió información de otras dos personas.

Ninguna de estas cuatro personas sobre las que pidió información han podido ser identificadas, no han formulado denuncia y tampoco consta que hayan tenido conocimiento de estos hechos.

DEFENSA DE LOS ACUSADOS

Los dos acusados defendieron en el juicio, en el que sólo contestaron a sus abogados, que se limitaban a pedir al detective de Vic que verificara determinada información --la mayoría por investigaciones que le encargaban a ellos aseguradoras sobre posibles fraudes de clientes-- pero que desconocían completamente cómo Jordi A. conseguía esos datos.

La tesis del fiscal era la contraria: "Si acudían a él era porque conocían de su eficacia delictiva. Se acude a este detective porque entre sus colegas de profesión se sabe que consigue datos médicos", defendió el fiscal al término del juicio.

Ya antes del juicio, el tribunal a instancias del fiscal decidió archivar la causa contra otro detective que, en principio, se enfrentaba a cuatro años de cárcel también como supuesto inductor.