Después de semanas de apasionados debates, la Asamblea Nacional (cámara baja) adoptó el proyecto de ley llamado de "protección de la Nación" por 317 votos a favor, 199 en contra y 51 abstenciones.
"Es una etapa superada (...) pero el objetivo es que la revisión constitucional se adopte", indicó la presidencia francesa en un comunicado.
La reforma deberá ser ahora sometida al Senado, donde es mayoritaria la oposición de derechas, y ser aprobada en términos idénticos al texto votado en la Asamblea. Y, a continuación, las dos Cámaras reunidas en Congreso deberán dar su visto bueno por una mayoría de al menos tres quintos para que la reforma entre en vigor.
La revisión consiste en la introducción en la Carta Magna de dos artículos, uno sobre el estado de emergencia y el otro sobre la pérdida de la nacionalidad francesa para los autores de crímenes y delitos terroristas.
Esta votación revestía una importancia crucial para Hollande, que anunció la reforma poco después de los atentados de París, los peores perpetrados nunca en Francia, que dejaron 130 muertos y cientos de heridos el 13 de noviembre.
Su rechazo hubiera enterrado la iniciativa y significado una espectacular desautorización para el jefe de Estado, potencialmente devastadora para sus ambiciones de obtener un segundo mandato en la elección presidencial de 2017.
"Votar contra, es poner en dificultad al gobierno y en minoría al presidente", había afirmado ante los diputados socialistas el primer ministro Manuel Valls, que después de la votación se declaró "satisfecho" y "convencido" de que la revisión constitucional será aprobada por el Congreso.
No obstante, las profundas divisiones al respecto tanto en la mayoría socialista como en la oposición de derecha hacen perdurar las dudas sobre las posibilidades de que el texto sea definitivamente adoptado.
En la derecha, el expresidente de la Asamblea Bernard Accoyer predijo al ejecutivo un fracaso, por considerar que la mayoría de tres quintos requerida en el Congreso es un "objetivo inalcanzable".
El ex primer ministro Alain Juppé, candidato favorito a la próxima primaria de la derecha, fustigó por su parte una "reforma inútil que divide".
Y, sin embargo, Hollande había sido aplaudido en pie por los parlamentarios cuando anunció su proyecto, el 16 de noviembre. Pero, después, la polémica fue cada vez más áspera sobre la pérdida de la nacionalidad.
Esa medida, que teóricamente concierne a todos los franceses pero en la práctica sólo a los que tienen doble nacionalidad, llevó a la dimisión a fines de enero de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que dijo dejar el gobierno por ese "desacuerdo político mayor".
Para tratar de calmar a los opositores, el gobierno hizo votar una enmienda que retira toda referencia a la doble nacionalidad.
Pero al mismo tiempo, el tema hacía olas incluso en el ejecutivo. El ministro de Economía, Emmanuel Macron, dio cuenta "a título personal" de su "incomodidad filosófica" al respecto, lo que le valió el miércoles una seca réplica de Valls, que aseguró que "todo el gobierno" apoya el texto "Macron entre los otros".
Otro escollo en el largo proceso que espera al texto es la hostilidad creciente de parte de la izquierda a la prolongación del estado de emergencia, que autoriza los allanamientos y las detenciones domiciliarias y permite prohibir las manifestaciones. Paralelamente, la derecha exhorta al gobierno a preparar desde ya la salida del mismo.
Al margen del debate constitucional, se espera que el estado de emergencia, en vigencia desde los atentados de París, sea prolongado hasta fines de mayo, es decir dos semanas antes de la organización de la Eurocopa 2016 en Francia, que atraerá a cientos de miles de espectadores del mundo entero.
chl-bpi/prh/mc/jz/tjc
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios