PSOE del Senado pide la devolución al Gobierno de la ley de Seguridad Privada

Madrid, 11 feb.- El grupo socialista en el Senado ha presentado hoy un veto al proyecto de ley de Seguridad Privada y ha pedido que sea devuelto al Gobierno al considerar que vulnera "de manera torticera" la Constitución y que pretende privatizar un servicio público esencial como es la seguridad.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el senador del PSOE y portavoz de su grupo en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, Enrique Cascallana, quien ha asegurado que el texto del Gobierno, que ya ha pasado el trámite del Congreso, abre las puertas a lo que en su día expresó algún delegado del Gobierno del PP: "la seguridad para quien la pueda pagar".

Los socialistas, que presentarán en el Senado más de 60 enmiendas parciales al proyecto, entienden que la futura ley es un ejemplo más de la "orientación privatizadora" del Gobierno del PP en diferentes ámbitos, como la sanidad y ahora la seguridad.

Cascallana ha censurado el proyecto en muchos de los aspectos que regula, como es la habilitación a los vigilantes privados para que puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública.

También se ha opuesto al artículo que permite a los vigilantes actuar "en todos los espacios públicos" y al que deja en manos de las empresas privadas la seguridad perimetral de las cárceles y de los centros de internamiento de extranjeros.

El proyecto, ha añadido el senador, "abre la puerta al negocio", elimina las garantías de la anterior ley y autoriza la cesión de datos de los ciudadanos a las empresas privadas.

Frente a la normativa todavía en vigor, que subordina la seguridad privada a la pública, la ley diseñada por el Gobierno las equipara al hacerlas corresponsables, ha reprochado Cascallana, quien ha insistido en que esa "corresponsabilidad no se puede plantear en los mismos términos porque las empresas se mueven por criterios mercantilistas".

Cascallana ha confiado en poder llegar a algún acuerdo con el PP durante la tramitación del proyecto, aunque sea en los aspectos relacionados con la formación de los vigilantes, toda vez que, en su opinión, el texto presentado pierde la ocasión de cualificarlos a través de una formación reglada.

En el fondo, lo que busca el Gobierno, ha enfatizado el senador, es favorecer a un sector con 100.000 trabajadores mientras se "destruye" empleo público en las fuerzas de seguridad del Estado, que perderán 4.000 agentes por la falta de oferta de empleo y las bajas tasas de reposición.