PSOE votará contra la ley de transparencia pese a aceptarse algunas enmiendas

Madrid, 31 jul.- El grupo popular ha aceptado 15 de las enmiendas que el PSOE había presentado al proyecto de Ley de Transparencia, cuyo dictamen se debate hoy en la Comisión Constitucional del Congreso, lo que no evitará que los socialistas voten en contra porque creen que el proyecto se queda corto.

Según ha anunciado el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro en la comisión, el grupo 'popular' ha decidido aceptar estas enmiendas del PSOE, aunque no se han incorporado todavía al dictamen que se debate hoy, ya que los socialistas no asistieron a las reuniones de la ponencia en protesta por la falta de explicaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy sobre el caso Bárcenas.

Por su parte, el diputado José Enrique Serrano ha dicho el texto de la ley "sin duda alguna" mejora el proyecto del Gobierno, pero "no es la ley" que quería el PSOE y es "mas corta, mas pobre, menos útil y menos ambiciosa de lo que hubiera sido posible".

Las enmiendas del PSOE aceptadas por el PP coinciden con algunas de las planteadas por la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos los populares, y, entre otras cosas, amplían el ámbito subjetivo de aplicación de la ley a organismos como la Casa Real.

En concreto, como ya se había anunciado, quedarán sometidos a los criterios de publicidad que establece la norma, la Casa Real, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General de Poder Judicial, según el artículo 2 del proyecto.

También se incluyen "el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas en relación a sus actividades sometidas a derecho administrativo, y, en todo caso, en materia de personal, bienes y contratación".

Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales también deberán someterse a los criterios de transparencia, así como las entidades privadas que reciban al menos un 40 por ciento de financiación pública anual.

Este porcentaje se ha incluido a través de las enmienda de CiU y UPyD aceptadas en el trámite de ponencia y que también establecen que las entidades privadas que reciban ayudas o subvenciones públicas de superiores a 100.000 euros deberán acatar las mismas normas de publicidad y transparencia.