En un país con casi cinco millones de parados, donde abundan los contratos temporales de mileuristas y donde cada día decenas de personas luchan contra el desahucio, populares y socialistas creen que más de 6.000 euros mensuales es una "modestísima pensión" vitalicia para los expresidentes del Gobierno. Por ello, PP y PSOE se han vuelto a unir para votar en contra de una iniciativa para declarar incompatibles esta pensión con los ingresos que reciben de las empresas privadas.
Así lo ha defendido el diputado del PP Arturo García Tizón, reiterado por el grupo socialista, en su rechazo a una iniciativa de ERC-IU-ICV para establecer que sea incompatible que los expresidentes cobren esta pensión vitalicia de unos 80.000 euros anuales si ya perciben ingresos de empresas privadas.
"Los 6.000 euros mensuales no son un sueldo, ni una indemnización ni una compensación ,es una dotación para gastos sociales --como el alquiler y los gastos de oficina--" para unas personas que "nos representan a todos los españoles", ha explicado García Tizón.
La pensión vitalicia es, para el grupo popular, "una justicia" que el Estado debe tener para con sus máximos dirigentes, para mantenerles la dignidad". La dotación presupuestaria que supone pagar a los expresidentes más de 6.000 euros al mes "no es para rasgarse los vestiduras"
El Grupo Socialista considera que esta propuesta es fruto del clima social generado con el Movimiento 15M. "Los expresidentes deben tener su reconocimiento y no esperar a que enfermen o fallezcan para se reconocidos como merecen", para lo que los socialistas proponen asignarles tareas institucionales en interés del país.
Se necesitan límites
El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha insistido en que no es una cuestión demogógica."Se tiene que establecer un límite para percibir la pensión vitalicia, o se ejerce de expresidente o se ejerce en una entidad privada".
ERC proponía que se fijara un límite de cuatro años para recibir esta pensión con el fin de "facilitar un tránsito" de la vida pública a la privada y se estableciera una incompatibilidad con cualquier retribución del ámbito privado.
En este sentido, Ridao ha recordado que Felipe González percibe, además de los 80.000 euros anuales de las arcas públicas, unos 126.000 por ser consejero de Gas Natural, mientras que José María Aznar recibe unos 100.000 euros de Endesa.<
El Grupo Mixto y el PNV han respaldado esta iniciativa, que no es nueva en el Congreso y que ya ha sido rechazada por el "pacto de Estado" del PSOE y el PP, como lo ha calificado la portavoz de UPyD, Rosa Díez.
"La ética de estas situaciones es discutible porque estos cargos están poniendo al servicio de empresas privadas su influencia, indebida, tras haber ocupado puestos públicos", ha sotenido Francisco Jorquera (BNG).
En opinión de Aitor Esteban (PNV), "sí que debe haber una asignación mínima para personas con cargos importantes de representación y una mínima dignidad pública para que puedan desarrollar su vocación de servicio público, pero también por estetica institucional".
El grupo catalán de CiU es el único que se ha abstenido porque, aunque consideran incompatibles las retribuciones públicas y privadas, creen que la pensión sí que debe ser vitalicia y no tener un límite de cuatro años si el expresidente "ejerce una función institucional, política y cívica".
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